Durante la mesa de trabajo para el análisis del 3er Informe de Actividades de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, los diputados Martha Ortega Roque y Gerardo Fernández González, buscaron clarificar los más de 3 mil millones de pesos que se ejercieron durante el 2021, sin obtener ninguna respuesta que garantice que la impunidad disminuyó.
Por el contrario, mostró el déficit de ministerios públicos, la sobrecarga de carpetas atendidas por investigador y la distribución de un presupuesto con finalidades distintas a los reclamos de los guanajuatenses.
“La realidad es ineludible, los niveles de impunidad son altísimos y dan tranquilidad, PERO a los delincuentes, de que sus crímenes difícilmente serán perseguidos”, aseguró el Diputado Gerardo Fernández durante su intervención.
Deja mucho que desear este informe que debió presentar resultados y no solo ser propaganda política.
Guanajuato cayó 13 lugares en el Índice de Impunidad según “México Evalúa”, reflejando ser una de las fiscalías peor evaluadas, donde los delitos NO se castigan y donde los delincuentes pueden vivir tranquilos, porque sus crímenes pocas veces serán castigados. La impunidad NO DISMINUYÓ; sino por el contrario, aumentó, llevando a Guanajuato al lugar número 3 a nivel nacional.
El informe, además, alaba procesos que deben estar implícitos en el trabajo de la Fiscalía del Estado, pero no señala aspectos certeros y claros sobre la percepción de impunidad que se vive en Guanajuato y no presenta resultados eficientes, solo acciones cuya obligación está en ley.
Una muestra de la deficiencia del informe de actividades es la discrepancia de las cifras presentadas en el documento entregado, donde se puede ver que varias no coinciden con los montos totales ejercidos.
Al respecto, la diputada Martha Ortega refirió que “no existe voluntad real para proporcionar datos duros y útiles”, que sirvan para entender y comprender las deficiencias de la Fiscalía.
Tal pareciera que el fiscal tiene otros datos que desconocen la realidad en la que viven la mayoría de los guanajuatenses, que no confían en las instituciones y que se perciben en su mayoría, en un estado en el que reina la impunidad.