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Clasificación: 4.ª trimestral 2017
En tiempos recientes, la crisis de credibilidad en las diferentes Instituciones del Estado mexicano se ha agudizado a razón de una serie de factores sociales, económicos y políticos. Uno de ellos es la constante descalificación de los actores políticos sobre la actuación del Estado que ha generado un clima social de desconfianza e incertidumbre.
Aunado a lo anterior, derivado de las recientes reformas estructurales aprobadas en México, la población ha resentido los efectos de su implementación. En este contexto, cobra relavancia la reflexión sobre uno de los aspectos más importantes en un sistema democrático: la confianza en las instituciones.
Según datos de la encuesta nacional sobre la Confianza en las Instituciones Mexicanas realizada por Consulta Mitofsky en 2016, la calificación promedio de confianza en 17 instituciones es de 5.9 en un rango de 0 a 10 (0 siendo total desconfianza y 10 total confianza). No solamente la confianza es baja, sino que se ha mantenido en una tendencia a la baja desde 2009, año en el que la calificación promedio fue de 7.0. Llama la atención el caso particular de los partidos políticos, los cuales han sido en promedio la institución en la que menos confía la gente. Además, la confianza ha disminuido de 5.9 en 2009 a 4.8 en 2016.
Figura 1. Promedio del nivel de confianza en las instituciones mexicanas, 2009 – 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos de Consulta Mitofsky (2016) México: Confianza en Instituciones 2016.
Un reciente estudio (Edelman Trust Barometer, 2016), con datos de 28 países, muestra que el nivel de confianza en el gobierno, empresas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales se ve influenciado por el ingreso de las personas: las personas con bajos ingresos confían menos en las instituciones que las personas con un ingreso alto. En el caso de México, esa diferencia alcanza los 10 puntos porcentuales. Entre 2016 y 2017, la confianza en el gobierno mexicano cayó 8 puntos, pasando de 32 a 24 en una escala de 0 a 100, donde 0 es total desconfianza y 100 total confianza (Edelman Trust Barometer, 2017). No sólo debería preocupar la disminución de confianza, sino su magnitud: según estos datos, sólo 1 de cada 4 mexicanos confía en que su gobierno hará lo correcto.
De alguna manera, podría decirse que cierto nivel de desconfianza en el gobierno es esencial para el funcionamiento de una democracia (Whiteley, Clarke, Sandeers y Stewart, 2016), ya que permite que los ciudadanos tengan una actitud vigilante para asegurarse que sus líderes políticos no abusen de la confianza inicialmente depositada en ellos. Sin embargo, cuando la relación entre gobierno y ciudadanía se basa en la desconfianza, el ejercicio de gobernar se vuelve difícil y las decisiones potencialmente benéficas para la población pueden considerarse negativas. Un bajo nivel de confianza genera un ambiente político en el que es difícil que los líderes tengan éxito (Hetherington, 1998) y en el que su autoridad se ve deslegitimada (Kaltenthaler, Aderson y Miller, 2010).
No sólo la maniobrabilidad política y el ejercicio del gobierno pueden verse obstaculizados por la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. Se ha demostrado que bajos niveles de confianza están relacionados con actitudes negativas hacia el cumplimiento de las leyes y reglamentos (Tyler, 1992), evasión o disminución del pago de impuestos (Kirchler, Hoelzl y Whal, 2008) y abstencionismo electoral (Cueto Villamán, 2007). Además, se ha identificado que la desconfianza agrava las percepciones de injusticia e inequidad (Oishi, Kesebir y Diener, 2011) y socava la autoridad de las instituciones (Kaltenthaler et al., 2010).
Los niveles de confianza y percepción de honestidad en los gobiernos suelen variar a lo largo de un determinado periodo, pero en general suelen estar estrechamente vinculados a la efectividad de las políticas implementadas y a la manera en que dichas políticas fueron implementadas (Witheley et al., 2016). Cuando las personas perciben de manera subjetiva resultados positivos de las acciones gubernamentales y durante su implementación se sienten tratados de manera justa, la confianza en las autoridades incrementa. Por el contrario, cuando las personas identifican que las acciones del gobierno no generan los resultados esperados o prometidos y perciben que la manera en que actúa el gobierno no es justa, disminuye la confianza depositada en las autoridades y se identifica como un gobierno deshonesto (Witheley et al., 2016).
La desconfianza también puede deberse a la percepción, personal o colectiva, de no ser realmente representados por los representantes populares o por la idea de que éstos no defienden los intereses de todos los grupos de la sociedad (Cueto Villamán, 2007). A ello se suma la (in)competencia y la (in)capacidad que pueden mostrar las autoridades para cumplir sus obligaciones poniendo los intereses de otras personas por encima de los propios (Barber, 1983). La percepción de que los líderes políticos o representantes de las instituciones gubernamentales no cuentan con la habilidad y conocimiento necesarios para llevar a cabo sus funciones, así como la idea de que los representantes públicos favorecen sus intereses personales por encima de los intereses de la ciudadanía, deterioran la confianza en las instituciones.
Aspectos como el deterioro de la economía (Witheley et al., 2016; Clarke, Sanders, Stweart y Whiteley , 2004), la calidad de los servicios públicos y la (in)capacidad del poder ejecutivo para dar respuestas creíbles ante las aspiraciones de los ciudadanos (Cueto Villamán, 2007) también influyen en la desconfianza en el gobierno.
Finalmente, investigaciones recientes (Oishi & Kesebir, 2015; Wilkinson & Pickett, 2010) han documentado de manera sistemática cómo la inequidad –medida en términos de distribución de la riqueza utilizando coeficientes Gini– está directamente relacionada la confianza: en países con altos niveles de inequidad, los ciudadanos confían menos en otras personas y en sus instituciones comparados con países donde los niveles de inequidad son más bajos.
¿Qué se puede hacer para recuperar y fortalecer la confianza? Primero tenemos que definir qué entendemos por confianza. Existe una amplia variedad de definiciones (para un recopilado, ver McKnight y Chervany, 2000), pero para los alcances de esta tarea podemos destacar dos aspectos: la tendencia a la confianza y la confianza basada en las instituciones. En el primer caso, hablamos de la medida en que un individuo suele mostrarse dispuesto a depender de otros a lo largo de un amplio espectro de personas y circunstancias. El segundo caso hace referencia a cuando las personas creen que existen las condiciones necesarias para anticipar los resultados o consecuencias de sus propios esfuerzos y acciones, así como para generar certeza en otros aspectos de la vida. La confianza afecta el bienestar individual y social. Cuando existen altos niveles de confianza las personas tienden a sentirse más seguras, con menos preocupaciones y suelen ver a otros agentes sociales como cooperativos, en lugar de competencia (Wilkinson & Pickett, 2010).
Hablamos entonces de confianza en las autoridades cuando nos referimos a la opinión general de los individuos y los grupos sociales sobre que las autoridades son benevolentes y trabajan para garantizar el bienestar común (Kirchler et al., 2008). Un gobierno efectivo debería ser capaz de integrar confianza y poder; es decir, generar con su actuar un nivel suficiente de confianza por parte de la ciudadanía que pueda brindar un mayor respaldo a sus decisiones, y poder para garantizar que estas decisiones –consideradas un medio para garantizar el bien común– sean efectivamente ejecutadas.
Suele decirse que la política es el arte de saber administrar los conflictos y no negarlos; se gobierna para todos y, por tanto, es natural que la diversidad dé lugar al conflicto: no todas las personas tienen las mismas ideas y preferencias y, en consecuencia, no todas evaluarán de la misma manera las acciones de gobierno. Sin embargo, es posible creer que, independientemente de las preferencias, existen algunas prácticas que los gobiernos pueden implementar a partir de lo previamente discutido con el objetivo de fortalecer – o recuperar – la confianza en las instituciones:
• Promover la incorporación de perfiles calificados en la administración pública y fortalecer el servicio civil de carrera para un mejor desempeño de la función pública;
• Incorporar, fortalecer y volver accesible y comprensible a la población los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas;
• Asegurar calidad en la prestación de servicios y bienes públicos, lo que además está asociado a un incremento en la felicidad de las personas y a una mejor evaluación del gobierno (Oishi, Schimmack y Diener, (2012);
• Promover un esquema de pago de impuestos progresivo por encima de un sistema de impuestos planos; es decir, basar el porcentaje de impuestos en función del ingreso y no sobre porcentajes previamente delimitados y no dependientes de la renta real de las personas;
• Garantizar que el crecimiento económico vaya acompañado de una distribución equitativa de la riqueza; y
• Diseñar políticas que sean percibidas por la población como justas (Carman, 2010).
Referencias
Barber, B. (1983) The Logic and Limits of Trust. New Brunswick: Rutgers University Press.
Carman, C. (2010) The process is the reality: Perceptions of procedural fairness and participatory democracy. Political Studies, 58:731-751.
Clarke, H.D., Sanders, D., Stweart, M.C. & Whiteley, P. (2004) Political Choice in Britain (Oxford:Oxford University Press).
Consulta Mitofsky (2016) México: Confianza en Instituciones. Disponible en http://www.consulta.mx/index.php/estudios-einvestigaciones/mexico-opina/item/884-mexico-confianza-en-instituciones-2016 Cueto Villamán, F. (2007) Desconfianza política, instituciones y gobernabilidad democrática en la República Dominicana.
Ciencia y Sociedad Vol. XXXII, núm. 2, abril-junio, pp. 249 – 280.
Edelman Trust Barometer (2017) Global report. Disponible en https://www.edelman.com/global-results/
Edelman Trust Barometer (2016) Trust Inequality. Disponible en https://www.edelman.com/trust2016
Heterington, M.J. (1998) The political relevance of political trust. American Political Science Review. 92:4, 791-808.
Kaltenthaler, K., Anderson, C.J. & Miller, W.J. (2010) Accountability and Independent Central Banks: Europeans and Distrust of the European Central Bank. Journal of Common Market Studies 48, 1261:1281.
Kirchler, E., Hoelzl, E. & Wahl, I. (2008) Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. Journal of Economic Psychology 29, 210-225.
McKnight, D.H. & Chervany, N.L. (2000) What is Trust? A Conceptual Analysis and Interdisciplinary Model. AMCIS 2000 Proceedings. 382.
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Oishi, S., Kesebir, S. & Diener, E. (2011) Income inequality and happiness. Psychological Science 22, 1095-1100.
Tyler, T.R. (1992) Why People Obey the Law. (New Haven, CT: Yale University Press).
Oishi, S., Schimmack, U., & Diener, E. (2012) Progressive Taxation and the Subjective Well-Being of Nations. Psychological Science 23(1) 86-92.
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Wilkinson, R.G. and Pickett, K.E. (2010) The Spirit Level. Bloomsburry Press, New York.