Desde la aparición del primer brote a finales del 2019, los gobiernos del mundo implementaron diversas acciones extraordinarias para prevenir la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-19, declarada como pandemia global el día 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, en virtud de su capacidad de contagio y el grave peligro que representa para la salud de la población en general.
En el caso particular de México, como una de las principales medidas para atender dicha crisis sanitaria, se implementó del 23 de marzo al 30 de mayo del 2020, la Jornada Nacional de Sana Distancia. Este programa, impulsado desde el gobierno federal mediante un grupo de expertos en materia de salud pública, incorporó una serie estrategias y acciones con los siguientes objetivos:
a) Motivar el distanciamiento social entre las personas;
b) Promover medidas básicas de prevención;
c) Suspender temporalmente las actividades no esenciales;
d) Reprogramar eventos de concentración masiva y;
e) Proteger tanto a las personas adultas mayores como a la población en situación de riesgo.
Conforme dichas medidas preventivas fueron implementadas, los efectos negativos en los diferentes ámbitos donde se desarrollan las relaciones sociales, económicas y políticas, se hicieron cada vez más visibles. Si bien es cierto, las afectaciones han sido generalizadas, ha sido la población en situación de riesgo, así como los sectores informales y aquellos con alto grado de vulnerabilidad, los que han sufrido con mayor rigor las consecuencias indeseables de las limitaciones estatales y las inclemencias de la naturaleza.
Desde el punto de vista institucional, la creciente demanda de servicios sanitarios ha puesto a prueba la resistencia del sistema de salud, así como la capacidad de reacción y adaptación del aparato gubernamental, que pese a tener referencias en el manejo de la crisis pandémica en otros países, ha intervenido el plano nacional con todas las carencias y rezagos institucionales históricos, con escaza voluntad de colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno y con una importante crisis de gobernabilidad asociada a la polarización social y política. Todo ello, en el marco del proceso de transición democrática iniciado en el 2018.
Desde luego, diseñar una estrategia de intervención adecuada con canales efectivos de coordinación y comunicación entre todos los actores sociales, en un contexto plagado de incertidumbre y constante cambio, ha implicado una serie de retos institucionales que solo con un trabajo colaborativo y corresponsable se les ha podido hacer frente.
En ese sentido, la respuesta del gobierno mexicano a este nuevo desafío sin precedentes, ha centrado sus esfuerzos en poder garantizar a la población el derecho a la vida, el derecho
a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. No obstante, las posibilidades de alcanzar dichas metas se encuentran estrechamente ligadas a la capacidad organizativa de la comunidad y el nivel de conciencia cívica que se pueda alcanzar como población, toda vez que tanto la propagación del virus, su grado de letalidad, la restauración del tejido social y la recuperación económica dependen en gran medida de la responsabilidad con la que las personas asuman las medidas preventivas y se adapten a las nuevas condiciones que impone la nueva normalidad.
Desde la perspectiva económica, la pandemia ha obligado a la población a asumir las crecientes amenazas a la salud y a la vida, con el costo que ello implica. También, a financiar el encierro ya sea con ahorros o contrayendo algún tipo de deuda, pero, sobre todo, a sobrellevar las graves repercusiones económicas ligadas a la caída de la producción de bienes y servicios, a la escasez de satisfactores básicos, así como a la precipitación del consumo.
Los mexicanos, además de lo anterior, nos vimos forzados a soportar las consecuencias del decrecimiento de la actividad económica con el desplome de -18.9% del PIB en el segundo trimestre del 2020 respecto al mismo trimestre del 2019. Lo cual, se suma a las caídas consecutivas de la economía nacional en los 5 trimestres anteriores, algo que no sucedía desde 1985.
De acuerdo a los datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social -que representa el principal indicador de empleo formal en México- la economía mexicana ha perdido poco más de 1,181,000 empleos formales por la pandemia de Covid-19. Las cifras publicadas señalan pérdidas de 198,033 puestos de trabajo entre el 13 y el 31 de marzo, 555,247 en abril, 344,526 en mayo y 83,311 en junio del presente año.
El portal periodístico Animal Político reporta que, de los sectores económicos, solo tres presentan crecimiento anual en puestos de trabajo: el agropecuario con 2.5%; servicios sociales y comunales con 2.4%; y electricidad con 0.7%. En contraste, el sector de transportes y comunicaciones reportó pérdida de empleos formales del 1.1%; comercio -3%; transformación -4.2%; extractiva -7.5%; servicios para empresas -8.8%; y construcción -11%.
En el mes de agosto, de acuerdo al IMSS, se recobraron 92 mil 390 trabajos formales debido a la reapertura de la economía, siendo la primera señal positiva de la reactivación económica del país, que se desarrolla en el marco de una nueva estrategia de semaforización que pretende normalizar todas las actividades sociales y productivas de manera gradual y controlada.
Desde el punto de vista social, partiremos del análisis de la situación que guarda la pandemia en materia de salud pública en México para posteriormente revisar algunas de las repercusiones más importantes relacionadas con la participación ciudadana y el sistema democrático.
A este respecto, las cifras oficiales reveladas el 26 de septiembre advierten que, en México, se acumulan 76,243 muertos a causa del Covid-19. Además, en toda la república mexicana se han registrado 726,431 casos positivos. Con relación a las camas de hospitalización, las cifras muestran que están disponibles el 72%, mientras que el 28% se encuentran ocupadas. De las camas con ventiladores, 75% están disponibles y 25% ocupadas. No obstante lo anterior, el panorama nacional es poco alentador ya que, a pesar de los esfuerzos por contener la pandemia y sus efectos, México sigue dentro de los 10 países con más coronavirus en todo el mundo.
Ahora bien, diversos análisis han tenido lugar con el objeto de determinar cuáles han sido los efectos sociales y políticos del COVID-19 en nuestras sociedades. En este sentido, expertos de la Organización Asuntos del Sur, señalan que: “la pandemia creó un escenario que para muchas personas era impensable, pues no sólo ha cambiado radicalmente la forma en la que nos relacionamos en nuestros ámbitos más íntimos, sino que ha tenido grandes efectos en las dinámicas de participación, asociación y el ejercicio de la ciudadanía. Lo que antes se concebía como un ejercicio territorial ahora debe gestionarse en la virtualidad.”
Bajo este contexto, los retos que enfrenta la gestión pública en la administración de los nuevos problemas relacionados con la pandemia son grandes y diversos. Por ello, es importante revisar si los mecanismos implementados ya sea para paliar los efectos de la crisis sanitaria o bien para guiar la conducta de la población hacía lo deseable, están generando procesos inclusivos o, por el contrario, están dejando fuera a los grupos vulnerados históricamente, los cuales por su propia condición, presentan mayores dificultades para acceder a los recursos tecnológicos donde se desarrollan hoy los principales debates y procesos de comunicación entre los gobiernos y sus gobernados.
Sin duda, otro desafío importante es la transparencia con la que se implementan las intervenciones públicas y se administran los recursos, pues tanto los sistemas de acceso a la información, así como los métodos tradicionales de información y rendición de cuentas, entraron en receso durante la pandemia, pudiendo comprometer la legitimidad de los resultados presentados a la ciudadanía, si no se activan mecanismos alternos de interacción y consulta.
Para la sociedad en general, la pandemia ha traído consigo una inmejorable oportunidad para tomar conciencia sobre el tipo de decisiones que se venían tomando tanto en la administración del patrimonio común como en los procesos deliberativos en los asuntos públicos. La situación que se ha prolongado más allá de lo pronosticado por las autoridades en un principio, ha mostrado en muchos casos, las debilidades del modelo tradicional de gobierno, donde las necesidades diferenciadas de la población y los diversos sectores, no son tomadas en cuenta y se trabaja todavía con políticas públicas que no necesariamente fueron diseñadas para atender los problemas como hoy se presentan en las ciudades y estados del país.
Es importante señalar que estamos ante un posible cambio de paradigmas en materia de participación, ya que la pandemia ha potenciado muchas de las redes ciudadanas que se han posicionado como referentes en diversas áreas y gracias a su participación activa en la vida pública, se han logrado avances relevantes a nivel normativo y programático.
En virtud de lo anterior, podemos inferir que un nuevo modelo de gobernanza se está gestando a partir de los esfuerzos conjuntos entre la ciudadanía y el gobierno durante esta crisis pandémica. Hoy, los actores políticos y sociales que no estén dispuestos a colaborar y conciliar sus diferentes agendas, enfrentarán un irremediable proceso de exclusión pues lo que hoy demanda una sociedad más informada, organizada, libre y plural, el modelo tradicional no lo puede atender, satisfacer y resolver.
Por otro lado, no hay que olvidar, que muchos de los nuevos procesos, en su mayoría virtuales, habrán de acentuar la brecha de la desigualdad social y comprometer la igualdad de oportunidades sobre todo para las nuevas generaciones. Por tal motivo, una acción oportuna desde lo público, puede significar la diferencia entre comprometer el futuro de todas y todos o reconstruir las condiciones propicias para el pleno desarrollo de las personas.
En materia de educación, existen contrastes evidentes entre los diferentes sectores poblaciones, pues el acceso y disponibilidad de herramientas tecnológicas, así como el acompañamiento personal o institucional en los procesos de aprendizaje esta determinando en buena medida la capacidad de adaptación y aprovechamiento del nuevo modelo educativo, basado en la experiencia virtual o a distancia.
Otro de los factores que están determinando la forma en la que hoy se convive y participa en México es la seguridad. A pesar de los crecientes esfuerzos de los cuerpos de seguridad por preservar la paz y la tranquilidad, al replegarse la comunidad con la política de confinamiento, se perdieron valiosos espacios de convivencia que abonaban al fortalecimiento del tejido social y la generación de confianza entre los individuos.
La tarea en este rubro es considerable, pues además de la violencia asociada al consumo y tráfico de drogas, la generada por situaciones de pobreza, exclusión y desamparo merece una atención especial de la sociedad en su conjunto, pues las dificultades para allegarse de lo necesario para vivir dignamente, está llevando al límite a cada vez más personas. Es ahí donde el Estado debe crear una red de apoyo que proteja a la población en riesgo y genere las condiciones adecuadas para reestablecer la paz y el orden.
En cuanto al proceso electoral recién iniciado en el mes de septiembre, existen muchas interrogantes sobre cómo se llevarán a cabo las elecciones programadas para el 2021. Los actores políticos se encuentran en un proceso de cambio y adaptación pues hoy la promoción de las agendas y proyectos no puede realizarse, la mayoría de las veces, de forma presencial. En esta nueva realidad, las formas de interacción y promoción política
que mejor se adapten a las circunstancias serán definitorias en las decisiones que habrá de tomar el electorado. Una nueva oportunidad se abre para mantener o corregir el rumbo del país, la decisión está en las manos de los hombres y mujeres que decidan ejercer su derecho al voto. El principal reto, aumentar el porcentaje de participación electoral, toda vez que en este proceso electoral atípico, confluyen factores externos como la pandemia y la inseguridad que pueden minar aún más, nuestro incipiente sistema democrático.
En conclusión, estamos viviendo tiempos de transición y reflexión donde no solo las herramientas cambiaron, también las prioridades, las cuales están siendo redefinidas conforme se acumulan las certezas y se despejan las incertidumbres sobre el futuro cercano.
En términos generales, podemos establecer que el fortalecimiento de la participación ciudadana debe de seguir siendo una de las principales prioridades en el país pues todas y todos estamos llamados a encontrar una nueva forma de convivir y decidir el futuro de nuestra democracia.
Bibliografía:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-ha-perdido-118-millones-de-empleos-formales/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/covid-caida-empleos-julio-imss/
https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2020/09/26/5f6ed4de22601d0a368b460c.html
https://asuntosdelsur.org/participacion-ciudadana-en-el-contexto-de-covid-19-el-momento-para-cuestionarlo-todo/