En la búsqueda del respeto a los derechos humanos en Guanajuato, la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero presentó una propuesta para crear la nueva Ley sobre la diversidad sexual para el estado de Guanajuato, que espera sea aprobada a la brevedad.
Con esta nueva ley se crearía el Instituto Estatal sobre la Diversidad Sexual, el cual será un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, siendo rector de la política estatal a favor de las personas en el ámbito de la diversidad sexual y teniendo por objetivo, coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas.
Además, se crearía el Consejo Estatal de Diversidad Sexual, en el que se incorporen a las mesas de trabajo los colectivos y asociaciones que representan a las personas lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual (LGBTTTI) con el propósito de asesorar, proponer, opinar y apoyar los planes y programas.
Contempla en su propuesta también, la creación de un programa estatal para las personas de diversidad sexual, con la finalidad establecer objetivos, metas, estrategias, lineamientos y acciones para la difusión, promoción, fomento, investigación, práctica, supervisión y evaluación de las actividades de atención y con la participación del estado, los municipios y sectores público y privado.
En los municipios también se crearían los organismos para defender los derechos de las personas LGBTTTI.
Y finalmente, en esta nueva ley se contemplarán las sanciones en caso de que un servidor público incurra en una violación a los derechos de las personas LGBTTTI.
“En específico las personas LGBTTTI han sufrido rechazo y falta de tolerancia por sus características de sexo, género o preferencias sexuales específicas, impidiendo con ello, que se les garanticen sus derechos de igualdad. Independientemente de la diversidad sexual que vivan, experimenten o expresen”, lamentó.
Vanessa Sánchez destacó que el tema no es algo reciente, desde hace años se han realizado diversos esfuerzos para visualizar, medir y conocer las necesidades relacionadas con la diversidad sexual y generar una cultura de tolerancia y no discriminación, como el del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) que en su momento se dio a la tarea de recabar información, realizar campañas y debates en relación a los derechos de esta comunidad, mientras que en Guanajuato hay una enorme deuda.
“Invisibilizar tiene sus consecuencias, en Guanajuato no ha habido el suficiente interés por defender los derechos de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual. De acuerdo a un informe de ‘Violencia Extrema’ realizado por la organización ‘Letra S’ entre 2013 y 2018, en Guanajuato se registraron 17 asesinatos de personas LGBTTTI, lo cual colocó al Estado en el lugar número 10 a nivel nacional, al lado de Sinaloa”, lamentó.
Vanessa Sánchez mencionó además, que para la comunidad LGBTTTI algunos derechos como la adopción o el matrimonio han sido nulos, a pesar que desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la negación al matrimonio entre personas del mismo sexo era inconstitucional.
En Guanajuato se han registrado 120 matrimonios igualitarios, mismos que de inicio fueron rechazados y tuvieron que atravesar por un amparo, trámite que oscila entre los 10 y los 40 mil pesos, mencionó la Diputada.
Refirió cifras de la encuesta nacional sobre ‘Discriminación 2017’ elaborada por el INEGI, donde el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.
Además de que casi no se respetan los derechos para los distintos grupos de la población, en la que encabezan la lista el grupo de personas trans con 71.9% y el de las personas homosexuales con 65.5 por ciento.
El 41% de los hombres no rentaría un cuarto de su vivienda a una persona trans, frente al 33% de las mujeres que tampoco lo harían.
Asimismo, el 35% de los hombres expresó que tampoco lo haría si se tratara de personas homosexuales, en contraste con el 30% de las mujeres que también muestra su indisposición a hacerlo.
Mientras que el 64.4% de la población considera que en poco o nada se justifica que dos personas del mismo sexo vivan como pareja.
“La presente Ley permitirá cerrar la pinza para garantizar ordenamientos más actuales, equitativos e igualitarios para las personas, así como la creación de una ley que proteja las diversas formas de orientación sexual y expresión e identidad de género, erradique y prevenga la discriminación y promueva una cultura de respeto a la diversidad social.”
“Con esta iniciativa, estaríamos contribuyendo al cumplimiento de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas, a través de su objetivo “Reducción de las Desigualdades”, destacó.