No. Publicación: 19
Clasificación: 1.ª trimestral 2020
Las desigualdades que viven mujeres en el ejercicio de sus derechos y libertades, con relación a contar con los mecanismos de protección del Estado, tienen factores y raíces muy profundos en nuestra cultura. Sin embargo, transfórmalos requiere un acompañamiento consciente y comprometido de todas las personas, de todos los sectores de la sociedad; requiere que comprendamos, desde diversas perspectivas, que la construcción de la igualdad depende de una serie de factores que tienen en el ejercicio de los derechos de las mujeres el principio y fundamento de una democracia real, plena, libre y justa. La democracia, entendida no sólo como un conjunto de reglas que regulan la participación política y la toma de decisiones, sino como una forma de organización social en la que la participación activa y consciente hacen posible el ejercicio de derechos políticos de manera tanto individual como colectiva, no puede ser real si las mujeres que constituyen la mitad de la población, son excluidas de la plena participación.
Son muchos los cambios que ha habido en México contra la discriminación de género a partir de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1981. En la vida institucional del Estado, se carecía de mecanismos para la defensa de los derechos de las mujeres y de organismos especializados contra la discriminación. Las instituciones no tenían la obligación, ni sabían cómo transversalizar políticas, planes y programas con una perspectiva de igualdad de género. No había instancias específicas en el poder judicial, ni comisiones de género en todos los congresos del país, ni políticas integrales en la materia. Sin estos avances, en las condiciones de vida de la mitad de la población mexicana, se prolongaba un estatus de indefensión e invisibilidad que la dejaba marginada de cualquier efecto o impacto positivo de las políticas públicas.
Si bien, ha habido grandes avances desde la década de los ochentas a la fecha, aún existen grandes pendientes por resolver, como es la construcción cultural libre de violencia de género. La violencia machista sigue siendo un grave problema en nuestra sociedad, con repercusiones inconmensurables, en La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2018 mostró que 82 por ciento de las personas considera que no hay justificantes para golpear a una mujer, aunque la percepción mayoritaria (62.8 por ciento) es que todavía se les pega mucho. Si ponemos en consideración que las mujeres en nuestro país no gozan de una vida digna libre de violencia, difícilmente podemos construir una vida en democracia.
Es importante poner en contexto, para esto compartiremos algunas cifras sobre el tema, de esta manera entender la complejidad y la gravedad del asunto, y saber porque en México se han encendido alarmas de preocupación, estos son solo algunos datos duros que registran las principales entidades tanto gubernamentales como organismos internaciones:
- Entre 10 y nueve mujeres son asesinadas cada día en México, de acuerdo con la ONU.
- De 2015 a la fecha, suman 3,578 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a octubre de 2019 se registraron 833 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
- De 2013 a 2018, la sensación de inseguridad de las mujeres pasó de 74.7% a 82.1%, señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 .
- Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales: en 2017, la tasa de este delito fue de 2,733 por cada 100,000 mujeres, cifra mayor a la tasa de 1,764 registrada en 2016 por el INEGI.
- La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las mujeres en México es «severa y muy severa» en 64.0% de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016.
- En 2016, cada mujer perdió 29.7 días de trabajo remunerado a causa de la violencia doméstica, estima el INEGI.
- De 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional tras su detención, 33 denunciaron haber sido violadas durante el arresto, principalmente por parte de la Marina, Policía Municipal y policías estatales; 72% dijo que sufrió manoseo.
Como podemos ver los datos de violencia contra las mujeres son alarmantes y nos muestran la enorme desigualdad y discriminación a las que son sujetas. Sin una vida libre de violencia es imposible garantizar una vida digna, justa e igualitaria a las mujeres, como lo señala la CEDAW en los ámbitos político, social, económico y cultural.
Por tal motivo, recientemente en México vivimos acontecimientos sin precedentes, en el marco del 8 de marzo[1], impulsado por el movimiento feminista, en sus variadas representaciones, miles de mujeres de todas las clases sociales, de todos los niveles socioeconómico, salieron a manifestarse a las calles, unieron voces para detener y demandar al gobierno atender eficazmente la violencia machista que se vive en nuestro país. El motivo y principal motor que llevo a miles de mujeres a la calle es el aumento[2] de feminicidios[3]. La demanda es clara que las autoridades tomen acciones para mitigar los asesinatos a mujeres por razón de género, en otras palabras, la exigencia de procuración de justicia[4] en nuestro país. Al manifestarse las mujeres lograron visibilizar experiencias de violencia y cuestionar las desigualdades del espacio privado, al mismo tiempo poner en agenda nacional el tema.
Las miles de mujeres que salieron a manifestarse el pasado 8 de marzo han entendido muy bien los que se planteaba al inicio de este documento transformar las prácticas culturales y sociales de desigualdad requiere de acompañamiento consciente y comprometido de los distintos ámbitos de la sociedad.
Michelle Bachelet, en su discurso en la Mesa redonda sobre Democracia e Igualdad de Género, Sede de la ONU, Nueva York, 4 de mayo de 2011 dijo “Si las estructuras de los partidos políticos y del gobierno no toman en consideración las necesidades y prioridades de las mujeres, y los medios de comunicación y las prácticas tradicionales y culturales minimizan consistentemente el valor de las mujeres en la vida política, las democracias no podrán beneficiar a las mujeres. Lo que es más: la calidad de la democracia misma se verá debilitada.”
Por ende, no podemos pensar una democracia plena en nuestro país sin la vida plena de las mujeres, es urgente que los partidos políticos asumamos el compromiso de seguir concientizando sobre la igualdad de género al interior de los partidos, entendiendo que sus militantes y simpatizantes, son posibles funcionarios públicos y representantes en las tres órdenes de gobierno, así poder ir garantizando que las agendas de los partidos se conviertan en proyectos, programas e iniciativas que transformen las estructuras sociales y culturales, los partidos tenemos compromiso y obligación de generar la vida en democracia por tal motivo también tenemos la obligación y compromiso de fomentar la vida libre de violencia contra las mujeres.
Referencias
CONAPRED (2018) Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Prontuario de Resultados.
Discurso pronunciado por la Sra. Michelle Bachelet, Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en la Mesa redonda sobre Democracia e Igualdad de Género, Sede de la ONU, Nueva York, 4 de mayo de 2011.
Bucio Mújica, Ricardo, Género y democracia . México, D. F: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
[1] El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975.
[2] De acuerdo con la información oficial proporcionada por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías estatales al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2014 a 2017 fueron asesinadas un total de 6297 mujeres en 2552 estados del país, de los cuales 1886 casos fueron investigados como feminicidio, es decir sólo 30%. (OCFN, 2018:35)
[3] Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
[4] La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.