No. Publicación: 16
Clasificación: 1.ª semestral 2019
Introducción
Entre los muchos retos que enfrentan las democracias actualmente, se encuentra el de poder garantizar todos los derechos de todas las personas, es decir, volverse más incluyentes en el diseño de políticas y normativas, asegurando que todas las personas puedan beneficiarse de las acciones gubernamentales y del desarrollo, particularmente aquellas quienes históricamente han vivido en situaciones de desventaja y discriminación.
Tal es el caso de las y los jóvenes, quienes hasta hace apenas unos años no formaban parte de una agenda pública consolidada que atendiera sus necesidades e incorporara sus intereses, no sólo en México sino a nivel internacional. A nivel internacional, la comunidad global adoptó una agenda en torno a los derechos de la juventud apenas en 1985, durante la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para el Año Internacional de la Juventud (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1985), y no fue sino hasta 1996 que se publicó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1996).
En el caso de nuestro país, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) fue creado en 1999, y el primer Programa Nacional de Juventud (PROJUVENTUD), instrumento nacional que articula la agenda de política en materia de juventud, fue publicado apenas durante el sexenio 2006-2012.
Sin embargo, el hecho de crear leyes, instituciones y políticas dirigidas específicamente a promover, defender y garantizar los derechos de las personas jóvenes, si bien representa un importantísimo avance, no necesariamente se ha traducido en mejoras sustanciales en la calidad de vida de las y los jóvenes.
En un reporte elaborado por Ollín, Jóvenes en Movimiento A.C. y financiado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), se identificó que el PROJUVENTUD 2014-2018, si bien tuvo un avance importante en su implementación (se implementaron 275 de las 279 líneas de acción), “[no] tuvo un impacto positivo y significativo con las acciones que sí se realizaron. De los ocho indicadores que evalúan el impacto del programa solamente uno alcanzó la meta que se planteaba para 2018” (Ollín, 2018; p. 10).
Hoy más que nunca es claro que la juventud debe ser una prioridad en la agenda local, nacional e internacional, no sólo porque la población joven es la más numerosa en la historia – se estima que en el mundo hay alrededor de 1,800 millones de jóvenes (1)–, sino porque además se ha identificado que la comunidad internacional “solo podrá lograr la paz, la seguridad, la justicia, la resiliencia al cambio climático y el desarrollo sostenible para todos si se implica a los jóvenes y colabora con ellos, los ayuda a defender sus derechos y crea las condiciones propicias para que puedan progresar y desempeñar un papel activo” (Secretario General de las Naciones Unidas, 2018; p. 2) .
Pero ¿qué significa que las y los jóvenes “desempeñen un papel activo”? ¿Qué obstáculos enfrentan las personas jóvenes para lograrlo? Y, sobre todo, ¿qué se puede hacer desde las instituciones para garantizar que las personas jóvenes puedan participar de manera significativa en la vida pública y contribuir al desarrollo de las sociedades?
¿Quiénes son las personas jóvenes?: los retos de una definición única
Antes de tener claro cuáles son los obstáculos que enfrentan las personas jóvenes para participar en la vida pública y formar parte del desarrollo y, por ende, qué estrategias podemos implementar para que puedan hacerlo, es necesario definir a quiénes nos referimos cuando hablamos de las y los jóvenes – y he aquí uno de los primeros retos: la falta de claridad en las definiciones –.
Dado que no hay una definición universalmente convenida de “juventud” y para fines estadísticos, la Secretaría de las Naciones Unidas define como “jóvenes” a las personas de entre 15 y 24 años de edad (Secretario General de las Naciones Unidas, 2018).
En el ámbito mexicano, la propia normativa nacional es confusa al respecto: por un lado, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (1999) identifica que las personas jóvenes son aquellas entre 12 y 29 años, mientras que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014) señala que las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad son consideradas adolescentes. En el caso de la normativa local, la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato (2014) identifica a las personas jóvenes como aquellas ubicadas en el rango de edad entre los 18 y 29 años cumplidos.
Adicionalmente a los retos de definiciones contrapuestas en el marco legal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI–, suele presentar datos estadísticos sobre las características y retos de la juventud tomando en consideración el rango de edad de los 15 a los 29 años.
Así pues, uno de los primeros retos a tomar en consideración al momento de analizar los obstáculos que enfrentan las personas jóvenes para participar en la vida pública se relaciona con la falta de claridad en la definición del rango de edad de dicho grupo poblacional, por lo que cualquier medida política orientada a promover y garantizar su participación, deberá iniciar con una definición clara y sin ambigüedades sobre el grupo de atención.
Características demográficas de las personas jóvenes y retos y situaciones que enfrentan
La adolescencia y la juventud son etapas clave en el curso de la vida de las personas en las que tienen lugar una serie de decisiones y eventos que afectan las condiciones de vida y marcan, de manera profunda, las trayectorias futuras y posibilidades de bienestar e integración social (UNFPA, s/f).
Según la Encuesta Intercensal del INEGI (2015), en México hay poco más de 30 millones de personas entre 15 y 29 años. Se estima que en Guanajuato viven 1.5 millones de personas en el mismo rango de edad – 51.4% mujeres –, lo que sitúa al estado como el 6º con mayor número de personas jóvenes en el país – sólo por debajo del estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. La población joven representa el 26.7% de la población estatal local, es decir, una cuarta parte del total de la población guanajuatense puede clasificarse como joven.
En las últimas décadas ha sido posible identificar una clara disminución en las tasas de fecundidad y un mayor peso poblacional de personas en edad de trabajar y ahorrar (15 a 64 años). Este cambio conduce a la posibilidad del llamado “bono demográfico”: más personas en edad de trabajar y menos personas (niños y personas adultas mayores) que dependen de ellas, lo que representa una posibilidad para la sociedad en su conjunto para incrementar su capital social, tener una mayor disponibilidad de recursos humanos, un mayor dinamismo económico y enfrentar los retos del desarrollo y envejecimiento demográfico (UNFPA, s/f).
Sin embargo, a pesar de la oportunidad que representa involucrar a las y los jóvenes en las políticas de desarrollo, enfrentan diversos obstáculos y dificultades que ponen en riesgo el pleno goce de sus derechos, como el derecho a la vida, a la seguridad y, por supuesto, el derecho a la participación en la vida pública en entornos libres de violencia.
Entre algunas de las principales dificultades y riesgos que enfrentan las personas jóvenes en la actualidad, se han identificado limitantes para acceder a una educación de calidad, a la atención médica o al trabajo decente, así como las situaciones de conflicto o cuando los jóvenes huyen de sus hogares para tratar de sobrevivir o se trasladan en busca de mejores oportunidades. Además, los jóvenes son objeto de violencia interpersonal, se ven perjudicados por los lentos fenómenos que desencadena el cambio climático o los efectos de primera línea de los desastres, sufren diversas formas de marginación interrelacionadas y son los más afectados por la tendencia mundial a la erosión de los derechos humanos y a dificultar el acceso a la justicia (Secretario General de las Naciones Unidas, 2018).
En el caso de Guanajuato, algunas de estas situaciones son evidentes. En lo que va del 2019, 178 personas menores de 18 años han sido víctimas de homicidio doloso (2) (SESNSP, 2019). Según datos del INEGI, de las 2,241 defunciones por homicidio registradas en 2017, en el 38.6% de los casos las víctimas fueron personas de entre 15 y 29 años –864 defunciones por homicidio en total– (INEGI, 2018a).
También en 2017 se registraron 496 suicidios en la entidad, de las cuales 225 fueron de personas de entre 15 y 29 años de edad, es decir, el 45.4% del total de muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente (INEGI, 2018).
Por otro lado, al 2014, 4.4% de las personas entre 12 y 29 años pertenecía a una pandilla violenta, con una edad promedio de 14.7 años, y el 74% de las personas en el mismo rango de edad tenía amigos con al menos una conducta antisocial o delictiva (INEGI, 2014).
Asimismo, los embarazos de personas jóvenes pueden representar importantes limitantes para el desarrollo: al 2015, el 16.4% de los nacimientos registrados durante ese año, fueron de mujeres de 15 a 19 años (INEGI, 2016).
En el ámbito educativo, se puede identificar que hay poco más de 17 mil jóvenes de entre 15 y 24 años en el estado que no saben leer ni escribir (INEGI, 2015). En materia de acceso a la salud, se estima que cerca del 20% de las y los jóvenes de entre 15 y 29 años no están afiliados a ningún servicio de salud (INEGI, 2015).
En materia de participación económica, de las cerca de 2.5 millones de personas ocupadas en el estado de Guanajuato, 32.3% son personas jóvenes de entre 15 y 29 años – es decir, poco más de 800 mil jóvenes forman parte de la población ocupada–. Esto significa que apenas poco más de la mitad de la población joven en el estado se encuentra económicamente ocupada. Además, el 56.7% de la población que sí se encuentra ocupada, gana menos de 2 salarios mínimos por su trabajo (INEGI, 2019).
En el ámbito estrictamente sobre participación en el ámbito político, las y los jóvenes identifican algunas de las siguientes barreras que limitan su participación en la toma de decisiones que afectan a su comunidad (IMJUVE, s/f):
• La jerarquía política y su marcada distancia respecto a la sociedad y a sus necesidades y, como derivación lógica, la falta de identificación de los ciudadanos con los políticos;
• Falta de representatividad entre quienes toman decisiones. Las y los jóvenes acusan más fuertemente este desconocimiento, al combinarse con el hecho de que la mayor parte de los representantes políticos no son jóvenes y no participan en absoluto de los problemas de la juventud;
• Burocracia excesiva para la creación de asociaciones y de formas alternativas de participación;
• La falta de información respecto a los mecanismos de participación existentes;
• Desmotivación (se da por supuesto que participar no sirve para nada). La desmoralización se manifiesta en una ausencia de fe en el sistema político y la sensación de que no se puede influir y que nada va a cambiar.
Una ciudadanía plena y activa para los y las jóvenes supone, la construcción de una ciudadanía con elementos diversos, es decir, con derechos civiles, políticos y sociales; que además se construya a través de la participación política activa de la juventud, lo que supone la discusión y decisión, por ellos, de las políticas que directamente les afecten (IMJUVE, s/f).
La importancia de la participación juvenil
Las personas jóvenes son un activo formidable y esencial en el que vale la pena invertir, dando paso así a un efecto multiplicador sin precedentes (Secretario General de las Naciones Unidas, 2018). El empoderamiento, el desarrollo y la participación de las y los jóvenes son un fin en sí mismos y, a la vez, un medio para construir un mundo mejor (Secretario General de las Naciones Unidas, 2018). Las y los jóvenes que participan en la vida pública de sus sociedades, bien sea a través de organizaciones de la sociedad civil u otro tipo de grupos, aprenden capacidades y asumen responsabilidades que le serán útiles para su futuro y para el desarrollo de la comunidad en la que viven (Portal Europeo de la Juventud, 2015).
Además de ser un derecho reconocido por distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y por la normativa mexicana, la participación activa de las y los jóvenes en una democracia es esencial si queremos construir sociedades más democráticas, inclusivas y prósperas. La participación consiste en tener el derecho, la posibilidad, la oportunidad y el apoyo para involucrarse e influir en las decisiones e involucrarse en acciones y actividades para ayudar a construir una sociedad mejor (Portal Europeo de la Juventud, 2017).
Sin embargo, a pesar de su importancia, es común escuchar que las personas jóvenes no se interesan en los asuntos públicos y se les califica de apáticos y poco participativos: incluso, estadísticamente, las y los jóvenes tienden a votar menos en relación con poblaciones de mayor edad y están cada vez más desconectados de los procesos políticos formales (Unión Inter-Parlamentaria, 2016). Empero, esta falta de compromiso no puede atribuirse a la apatía. Las personas jóvenes utilizan muchas plataformas diferentes para participar en la democracia, como las redes sociales, las organizaciones juveniles y, en algunos casos, las protestas y los disturbios. Más bien, las instituciones políticas con demasiada frecuencia no se han abierto a las y los jóvenes.
La participación de las personas jóvenes en la vida pública y política consiste, en términos generales, en formar opiniones y tomar medidas para lograr cambios positivos en la sociedad, y se puede llevar a cabo de diferentes formas (Cammaerts et al, 2013):
• Participación de las y los jóvenes en la democracia representativa: representación o votación en las elecciones o afiliación a partidos políticos;
• Participación de las y los jóvenes en las estructuras participativas: fomentar la participación de más jóvenes en estructuras como las organizaciones juveniles o las organizaciones de la sociedad civil o el voluntariado;
• Participación en debates: sobre temas de juventud o de la comunidad; La formación de opinión a través de la prensa escrita o la radio juvenil, la participación en la discusión en línea para un, escribir o seguir los blogs; y
• Búsqueda de información y aprendizaje sobre la democracia: participación en simulaciones de procesos políticos, asistencia a la formación o aprendizaje en la escuela, participación en organizaciones juveniles.
Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas identifica que, para empoderar a los y las jóvenes y permitir que, a través de su participación significativa en la vida pública de la comunidad, se conviertan en motores del cambio, es requisito indispensable (UNFPA, 2017):
• Entender las condiciones en las que viven las personas jóvenes vulnerables y marginadas mediante el uso de los datos de los censos, las encuestas demográficas y de salud y otras fuentes de información;
• Reunir a los representantes de gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones dirigidas por jóvenes para fomentar una mayor inversión en los y las jóvenes como prioridad de desarrollo;
• Construir las capacidades de los líderes juveniles e implicar a los y las jóvenes y a las organizaciones dirigidas por ellas en la programación y formulación de políticas;
• Apoyar a las organizaciones independientes, eficaces y sostenibles dirigidas por jóvenes, en particular adolescentes marginados, en la defensa de sus derechos humanos y prioridades de desarrollo.
Finalmente, algunas de las líneas de acción planteadas en la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, si bien estás diseñadas para el ámbito internacional, pueden ser de gran utilidad en el ámbito de lo local. En materia de promoción y garantía del derecho a la participación de las personas jóvenes, los gobiernos y las instituciones pueden llevar a cabo algunas de las siguientes acciones (Secretario General de las Naciones Unidas, 2018):
• Incorporar: Integrar en todas instituciones públicas la necesidad de colaborar y cooperar de manera significativa y sostenible con los jóvenes y sus organizaciones, redes y movimientos a través de plataformas y mecanismos oficiales y oficiosos para hacer efectiva la participación universal de los jóvenes basada en los derechos;
• Expandir: Revisar, mejorar y ampliar los mecanismos existentes para la cooperación, el diálogo y la asociación con las organizaciones, las redes y los movimientos dirigidos por jóvenes, así como con las personas jóvenes que no pertenecen a ninguna organización, a fin de lograr esfuerzos concertados para que participen también quienes representan a las y los jóvenes más marginados;
• Conectar: Mejorar la forma en que los gobiernos llegan a las personas jóvenes, se comunican con ellos, los escuchan y les brindan respuestas;
• Fortalecer: Reforzar y ampliar las capacidades y los recursos de las instituciones públicas para localizar, valorar y exhibir las contribuciones de una diversidad de personas jóvenes;
• Proteger y promover los derechos humanos de las personas jóvenes: Dar prioridad a las actividades de promoción, formulación de políticas y programación que protejan los derechos humanos de los jóvenes y eviten y aborden las violaciones graves y generalizadas de esos derechos, y velar por que se centre más la atención en las y los jóvenes que son objeto de formas de discriminación múltiple y abusos, así como en el acceso de la población joven a la justicia; y
• Sensibilizar sobre la situación específica de los derechos de las personas jóvenes: Promover una mayor comprensión de los obstáculos y los problemas que afectan particularmente a las y los jóvenes a la hora de ejercer sus derechos humanos; utilizar esta información para definir y promover medidas que puedan facilitar a los jóvenes el goce de sus derechos.
Comentarios finales
Los encargados de adoptar decisiones olvidan con demasiada frecuencia a los y las jóvenes, en perjuicio de estos y de las generaciones futuras.
La ciudadanía activa de las personas jóvenes sólo es posible a través de la participación de éstos en la definición de la política, y en especial, en las políticas de la juventud. Para ello, es necesario potenciar y favorecer la libertad de expresión y opinión de las y los jóvenes, el desarrollo de asociaciones sociales y políticas juveniles que se impliquen y participen en el diagnóstico y resolución de los problemas económicos, sociales y políticos de nuestras sociedades.
En este sentido, garantizar que las personas jóvenes puedan participar de manera significativa en la vida pública de su comunidad, e involucrarse activamente en la toma de decisiones que las afectan, significa no solamente velar por que se les escuche, sino que se les comprenda, no solo se les implique, sino que se les empodere, y que las y los jóvenes no solo apoyen iniciativas y procesos de cambio social, sino que también los dirijan.
Referencias
Asamblea General de las Naciones Unidas (1996) Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes. A/RES/50/81 13 de marzo de 1996. Disponible en: http://www.cinu.mx/minisitio/UNjuventud/docs/Programa_accion_mundial_jovenes.pdf
Asamblea General de las Naciones Unidas (1985) Año Internacional de la Juventud. A/RES/ 40/14. Disponible en: http://www.cinu.mx/minisitio/UNjuventud/docs/Resolucion40_14.pdf Cammaerts, B; Bruter, M; Banaji Shakuntala, H; Sarah and Anstead, N (2013) EACEA 2010/03: youth participation in democratic life, final report. LSE Enterprise, London, UK.
IMJUVE (s/f) “Jóvenes y participación política”, en Jóvenes, derecho y ciudadanía: Fundamentación teórica y análisis cualitativo de una nueva frontera de derechos para los jóvenes.
INEGI (2019) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre de 2019.
INEGI (2018a) Estadísticas Vitales. Mortalidad. Defunciones por homicidio por edad según entidad y municipio de ocurrencia.
INEGI (2018b) Estadísticas Vitales. Mortalidad. Defunciones generales por edad según entidad y municipio de ocurrencia.
INEGI (2016) Estadísticas Vitales. Natalidad. Conjunto de datos.
INEGI (2015) Encuesta Intercensal 2015. Tabulados Básicos.
INEGI (2014) Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delicuencia.
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (1999).
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2014).
Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato (2014).
Ollín (2018) Índice Nacional de Participación Juvenil 2017-2018.
Secretario General de las Naciones Unidas (2018) Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud. Disponible en: https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2018/10/UN_Youth_Strategy-Spanish.pdf
Portal Europeo de la Juventud (2017) Participación de los jóvenes en la vida democrática. Disponible en: https://europa.eu/youth/es/article/50/43808_es
Portal Europeo de la Juventud (2015) La participación juvenil: una oportunidad para el futuro. Disponible en: https://europa.eu/youth/es/article/50/23897_es
SESNSP (2019) Reportes de incidencia delictiva al mes de abril 2019 (nueva metodología). Cifras de Víctimas del Fuero Común, 2015-2019. Fecha de actualización: 20 de mayo de 2019.
Unión Inter-Parlamentaria (2016) Outcome document of the General Debate on Rejuvenating democracy, giving voice to youth. 134ª Asamblea de la UIP.
UNFPA (2017) Participación y liderazgo de los jóvenes: los adolescentes y los jóvenes son una prioridad. Disponible en: https://www.unfpa.org/es/participaci%C3%B3n-y-liderazgo-de-los-j%C3%B3venes
UNFPA (s/f) Liderazgo y participación de los jóvenes. Disponible en: https://mexico.unfpa.org/es/topics/liderazgo-y-participaci%C3%B3n-de-los-j%C3%B3venes
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(1) De entre 10 y 24 años de edad.
(2) El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) solamente publica cifras de víctimas considerando los rangos de “Menores de edad (0-17 años)” y “Adultos (18 años y más)”, por lo que, al menos esta fuente de información no es suficiente para identificar cuántas víctimas de homicidio son jóvenes.