En México se hablan además del español, 68 lenguas originarias, lo que significa que nuestro país es una nación donde la convivencia de diferentes etnias indígenas hace que necesiten vivir integradas en una sociedad plural que sea capaz de hacer valer y escuchar todas las voces, pese al reto comunicacional del idioma o el dialecto. Estamos dentro de las 10 naciones del mundo con más lenguas originarias, y en América Latina ocupamos el segundo lugar, sólo después de Brasil.
Se manifiesta en sus 67 pueblos indígenas -aunque sí hay 68 lenguas reconocidas- siendo los estados de Chiapas y Oaxaca los que acaparan la mayor cantidad. El Sistema de Información Cultural del Gobierno de México avala esta información en consonancia con la importancia que debe dársele a la preservación de nuestras culturas y lenguas originarias, pero también, a los valores que como país democrático México debe cuidar.
En un país como el nuestro no podemos hablar de democracia si no hay consciencia de las particularidades propias –como la lengua o la etnia- que nos dan identidad, aun siendo población perteneciente a un mismo territorio con enormes diferencias, donde las mismas deben convivir en un ambiente que dignifique a todas y todos. Apenas, el 21 de febrero de 1999, se comenzó a conmemorar por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el “Día Internacional de la Lengua Materna”. Sin embargo, la ONU, los gobiernos de los países del mundo, y el Gobierno de México, conservan el enorme reto de garantizar la participación democrática de todas las culturas originarias e indígenas del orbe.
En un país en el que el 41.9% de la población -que equivale a 52.4 millones de mexicanas y mexicanos- vive en condiciones de pobreza (CONEVAL), es demandante garantizar las facultades que propicien una cultura de democracia y de participación ciudadana. Desgraciadamente, la realidad de la pobreza ha violentado con mayor fuerza la calidad de vida y la dignificación de la población indígena, que de la que no lo es.
Cifras de CONEVAL también señalan que, en 2018, en cuanto a la medición de la pobreza, México no tuvo grandes resultados en el combate a la misma, respecto a lo evaluado en 2008. Y es que como sociedad debemos comprender, siendo gobierno o no, que la democracia no sólo se ve representada en el sufragio efectivo emitido en las urnas en un día de jornada electoral, sino en el trabajo constante por elevar la calidad de vida de todas y todos quienes son parte de un país, construido desde la pluralidad y desde la genuina búsqueda de la justicia social, sin dejar fuera a nadie.
Al fin de la primera década del siglo XX, lo que motivó justamente a revolucionarios como Francisco I. Madero, fue la búsqueda de una justicia social que realmente escuchara a los intereses del pueblo permitiéndoles elegir a sus gobernantes en el ejercicio de su libre decisión. Y es que, a Porfirio Díaz, la historia le reconoce como un caudillo que peleó al servicio de México en los momentos más duros de la historia nacional en el siglo XlX, como lo fue durante la intervención francesa en que, bajo las órdenes del General Ignacio Zaragoza, se dispuso a pelear con la división de Oaxaca en la ciudad de Puebla.
¿Cómo un líder que había demostrado profundo patriotismo y del que existe la suficiente evidencia infraestructural del desarrollo traído a México pudo olvidar garantizar con mayor énfasis la pluralidad?
Ese es un reto del que gobernantes y políticos de México y del mundo tienen mucho que aprender, porque citando a Napoleón Bonaparte, puede constatarse que “Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”.
La etimología de Democracia se remonta a la Atenas del siglo V a. C., que explica el significado de la palabra de la siguiente manera: “Demos”, que se traduce como “pueblo”, y “kratós”, que se interpreta como “poder” y “gobierno”. Es así que podemos decir que el principio democrático fundamental es garantizar el poder del pueblo al servicio de su propia gobernanza, y ningún pueblo puede garantizar su gobernabilidad si no se manifiesta la consciencia plural que terminará siendo escuchada en todas sus diferencias, tomándose las decisiones importantes por principio de mayoría, como se ha hecho destacar en una cultura precisamente democrática como la que México ha asumido en su constitución política.
México y los países de América Latina, han sido citados por múltiples publicaciones y discursos de la ONU, de líderes políticos y de opinión, así como de diversas organizaciones, como “La región más desigual del mundo”. Es por eso que, la importancia de la democracia, pese a su valor universal, cobra con mayor urgencia sentido de necesidad en países donde la equidad y el acceso a la educación y a otros derechos humanos, así como de servicios básicos acordes al siglo XXl, siguen pendientes para gran parte de la población.
En 2018, el porcentaje de población indígena en situación de pobreza es de 69.5%, en contraste con el 39% de la población no indígena que se encuentra en esta situación (CONEVAL, 2018). Por eso es importante hablar de población indígena cuando hablamos de desarrollo de cultura democrática. Ya que la misma debe garantizar una vida con calidad acorde a los estándares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
Asimismo, es importante continuar garantizando la libertad de pensamiento y de elección de representantes democráticos que las comunidades indígenas manifiestan votar en procesos electorales. Los partidos políticos en México deben continuar fortaleciendo la ética y legalidad con la que ofertan a sus candidatas y candidatos sin buscar capitalizar electoralmente con promesas que juegan con las necesidades de la compleja realidad de las comunidades indígenas, bajo un entendimiento de su ya de por sí vulnerable situación.
Por eso es importante el crecimiento de la cobertura educativa, compromiso constitucional que el Estado debe garantizar según dicta el artículo 3° la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, pues esto continuará empoderando a las comunidades, fuera del aislado discurso sin fertilidad. De igual forma, se debe continuar garantizando el ofrecimiento de la capacitación para la participación ciudadana, con efecto de contar cada vez más con visibles liderazgos originarios de diferentes culturas indígenas.
Si la misma Organización de las Naciones Unidas reconoce como principio de su existencia a la democracia, y como un valor indivisible y fundamental para la operatividad y convivencia de los pueblos del mundo, así mismo, cada país conserva el reto -principalmente en países como México donde la multiculturalidad étnica es una realidad- de hacer posible la presencia de todas sus etnias en el esfuerzo compartido del desarrollo con visión integral y vanguardista, donde se mire hacia el futuro, pero donde se conserven las tradiciones y conocimientos que las comunidades han dejado como legado para la identidad nacional.
Distintos referentes como Emiliano Zapata, considerado héroe de la Revolución Mexicana, pasaron a la historia justo por defender a las poblaciones campesinas e indígenas. Él acuñó la conocida frase “La tierra es de quien la trabaja” haciendo alusión al reconocimiento que debía dársele en derechos a toda la clase trabajadora del campo, que sobre todo en aquella época, pertenecía no sólo a asentamientos rurales, sino que eran precisamente provenientes de culturas indígenas.
Sin embargo, en pleno año 2020, conservamos como reto a una sociedad que demanda con mayor énfasis el esfuerzo de una convivencia más justa, en momentos en que los índices de desigualdad social, lejos de disminuir, amenazan con aumentar.
Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 35, en las Fracciones l, ll, lll y 41, se prevén los derechos políticos que tienen todas las mexicanas y los mexicanos: Votar, ser votado, asociarse y afiliarse.
En el artículo segundo, la CPEUM establece que a los pueblos indígenas se les debe respetar su derecho a elegir a sus propios representantes de acuerdo con sus usos y costumbres, como una forma alternativa al sistema de partidos, para ejercer sus derechos político-electorales (Bustillo, R.).
Este derecho político-electoral indígena, está relacionado con el reconocimiento a los sistemas de gobierno, ya que implica que éstos pueden elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno. Así mismo que, en ejercicio de sus derechos políticos, por formar parte del Estado mexicano, pueden participar y ser representantes en las elecciones a cargos populares con base a la legislación electoral vigente (González 2002, 274).
Todo esto ha sido ya legislado, sin embargo, en la realidad nacional hay poco conocimiento de ello. En la educación básica se enseña por ejemplo de la existencia de lenguas y culturas indígenas, así como de su trascendencia en la historia e identidad cultural y nacional, sin embargo, no se aprende respecto a sus sistemas actuales de elección de representantes y de cómo esto es posible aun en medio de la pertenencia a un Estado mexicano que también debe garantizar sus derechos.
Sigue siendo tarea de todos los partidos políticos, y de sus representantes elegidos posterior a los procesos electorales, trabajar desde su lugar en poderes como el ejecutivo y legislativo, para garantizar los derechos democráticos de la población indígena.
BIBLIOGRAFÍA
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