Una de las columnas fundamentales de todo sistema democrático es, sin duda, la seguridad pública. Pero, ¿quien o quienes son los responsables de proveerla y garantizarla? Al respecto, existen diferentes posturas que plantean, por un lado, que son los ciudadanos los responsables de organizarse para mantener las condiciones de paz a partir de una interacción social positiva, así como gestionar la resolución de sus conflictos preferentemente por la vía pacífica y solo en casos necesarios, pedir la intervención de las autoridades para administrar esas diferencias irreconciliables. En contraste, especialistas como el sociólogo y economista Max Weber, han sostenido que es el Estado el encargado de mantener el orden y el único legitimado para ejercer el uso de la fuerza pública. De tal forma que, le corresponde ejercer sus atribuciones en el marco jurídico que regula su actuación, para la protección de los derechos humanos de la población que gobierna (Nájera, 2021).
En el caso particular de México, su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” (CPEUM, 2023)
No obstante, desde hace varias décadas el Estado mexicano se ha visto imposibilitado para cumplir con estas obligaciones jurídicas, pues los problemas asociados a la inseguridad y la violencia no solo no se han resuelto, antes bien, han empeorado. Es por ello que una buena parte de la ciudadanía percibe con preocupación dicha situación, ya que tanto su proyecto de vida personal, familiar, social e incluso el propio proyecto de nación se encuentran amenazados por la creciente ola delictiva y la fragmentación del tejido social en sus diferentes vertientes.
Ahora bien, desde una concepción amplia de lo que significa el ejercicio de la democracia, debemos partir del hecho de que esta no se agota con el simple ejercicio del voto en una jornada electoral, sino que supone una serie de procesos participativos para la toma de decisiones que requieren ciertas condiciones para dicha participación como seguridad, paz y armonía, todas ellas debiendo ser garantizas por el Estado, como quedo establecido anteriormente.
Es por ello que, esfuerzos como el realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al entregar trece ediciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) han permitido el seguimiento puntual de información, considerada de interés nacional, para analizar e intervenir la realidad que vive el país en materia de seguridad pública y recabar el sentir de miles de ciudadanos respecto a las condiciones que enfrentan todos los días en sus actividades cotidianas.
En este contexto, resulta relevante analizar los principales resultados de la ENVIPE 2023, para abonar modestamente a la reflexión de cómo afecta al sistema democrático mexicano, a los hogares y sus integrantes, a las víctimas y a la sociedad en general, la incidencia delictiva, la cifra negra, la falta de políticas públicas eficaces y el estancamiento de aquellas que se llevan implementando de la misma manera durante años sin considerar las transformaciones socioculturales ocurridas en el país. Asimismo, se busca que las autoridades cuenten con mayores elementos que permitan robustecer las políticas públicas en dichas materias. (INEGI, 2023)
Dentro de los objetivos específicos que se plantean en la ENVIPE 2023, destacan los siguientes:
- Hacer estimaciones sobre el número de personas que sufrieron victimización delictiva en 2022.
- Calcular el número de delitos ocurridos durante 2022.
- Hacer estimaciones sobre la “cifra negra” de los delitos y sus causas.
- Medir la percepción de la población de 18 años y más sobre la seguridad del lugar donde viven (colonia o localidad, municipio o demarcación territorial, entidad federativa) y sobre los lugares en donde realizan sus actividades cotidianas (trabajo, escuela, mercado, transporte público, entre otros).
- Medir el grado de confianza en las instituciones de seguridad pública y la percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia.
- Identificar los cambios en las actividades de las personas por temor al delito.
- Estimar los gastos de los hogares para protegerse de la delincuencia.
- Conocer la repercusión del delito sobre las víctimas.
- Reunir información sobre las características sociodemográficas de las víctimas.
- Reunir información sobre las características del victimario y su relación con la víctima.
- Identificar actitudes y experiencias de las víctimas con las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia (INEGI, 2023).
Entrando en la propuesta de análisis, la ENVIPE 2023, muestra que en el periodo de estudio se estimaron 21.1 millones de víctimas con 18 años y más, lo que representa una disminución de aproximadamente un millón de víctimas con relación al año anterior. Si bien es cierto, el número de víctimas decrece de un año a otro, no significa que sean números alentadores, por el contrario, siguen siendo alarmantes y de atención prioritaria.
Respecto a los principales delitos cometidos en el 2022, el más frecuente fue el fraude con una tasa de 5770 por cada 100 mil habitantes, seguido por el robo en calle o transporte público, con una tasa de 5689 y la extorsión con 5056. Respecto a otros delitos, como las amenazas verbales se identifica un incremento en la tasa de 126 sucesos para un total de 2949 por cada 100 mil habitantes. En cuanto al robo total o parcial del vehículo se visualiza una disminución en el mismo periodo en comparación, así como en el caso del robo a casa habitación y las lesiones. En cuanto a los delitos sexuales, destaca el contraste entre los sufridos por las mujeres y los hombres, pues se desglosa de los resultados que por cada 11 delitos sexuales cometidos contra mujeres se contabiliza uno contra los hombres. Esto, de entrada, nos plantea la necesidad de evaluar el impacto de las diversas políticas públicas focalizadas en esta materia pues la brecha entre el tipo de condiciones que viven hombres y mujeres en el país, sigue siendo abismal. Asimismo, cabría una revisión puntual de las políticas de prevención, de atención a victimarios, de los mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad y menores de edad y finalmente de la impartición de justicia.
Otro indicador que resulta interesante abordar de la ENVIPE 2023 es el costo del delito. Al respecto, los resultados muestran que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto cercano a los 320 mil millones de pesos, lo que equivale a casi 8 200 pesos, en promedio, por persona afectada. Lo anterior se traduce en poco más del 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de casi 106 mil millones de pesos y las pérdidas por victimización representaron aproximadamente 213 mil millones de pesos (INEGI, 2023) Sin duda, un rubro de alto impacto para las personas y familias en el país, pues no solo sufren los costos de los delitos sino también los gastos asociados con la prevención de los mismos.
Fuente (INEGI, 2023)
Respecto a la cifra negra, en 2022, del total de delitos ocurridos, cerca del 11% fue denunciado. Esta cifra es superior a la registrada en 2021, lo que significa una tendencia favorable asociada a diversos factores que abordaremos más adelante. El Ministerio Público o Fiscalía estatal iniciaron una carpeta de investigación en el 70% de estas denuncias. Lo anterior implica que más del 92% de delitos no se investigó: esto, refiere el INEGI, se conoce como cifra negra. En 2022, su porcentaje resultó estadísticamente inferior al que se presentó en 2021 con poco más del 93% (INEGI, 2023). En el caso de la cifra negra de delitos en particular, el robo a casa habitación presenta un incremento con relación a las mediciones del año anterior, en contraste con la mayoría de los otros delitos que se mantienen o bien disminuyen. Esto sin duda, presente un escenario alentador respecto a la confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.
Por otro parte, entre las razones por parte de las víctimas para no denunciar delitos antes las autoridades competentes, de acuerdo a la ENVIPE 2023, destacan la pérdida de tiempo con 31.5 % y la desconfianza en la autoridad, con 14.7 por ciento.
En cuanto a los principales problemas que aquejan a las personas en la medición de 2023, destacan en menciones la inseguridad con 60.5%, el aumento de precios con 44%, la salud con 30.5%, el desempleo con 27.6%. y la escasez de agua con 27.5%. Con relación al año anterior, el aumento de precios y la escasez de agua preocuparon en mayor medida a la población con un aumento mayor al 4%.
En suma, es importante destacar que más allá de los señalamientos públicos de diversos actores sociales, económicos y políticos que condenan el rumbo del país en materia de seguridad pública y confianza social, los resultados analizados en esta edición 2023 de la ENVIPE, muestran una disminución en la mayoría de los delitos y un aumento, aunque mínimo, en los indicadores que miden la confianza en diferentes vertientes.
Es cierto que existen barreras en el país que impiden el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía, sin embargo, es posible identificar que los indicadores se mueven en el sentido correcto. En por ello que, es indispensable continuar con la evaluación de los impactos que están teniendo las políticas públicas en las diversas materias abordadas en este estudio, toda vez que pueden ser perfeccionadas en el tiempo y lograr, incluso, avances más significativos en los próximos años.
Como quedo manifestado en el desarrollo del presente análisis, alcanzar las condiciones óptimas que propicie una participación democrática plena de la ciudadanía, libre de todo miedo y coacción, es una tarea imprescindible e impostergable. Para ello, es indispensable la activación de las diferentes estructuras que conforman el sistema democrático y promover que la participación en los asuntos públicos de la nación no es opcional, sino que constituye una obligación para todos los individuos e instituciones que conforman la República.
La apuesta es clara, se debe fomentar desde la educación formal, no formal e informal, una nueva cultura de participación que nutra a las nuevas generaciones de un espíritu transformador que los lleve a asumir las responsabilidades de mejorar el presente del país y construir un fututo promisorio para todas y todos.
Trabajos citados
CPEUM. (2023). Obtenido de www.diputados.gob.mx: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
INEGI. (2023). Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/#:~:text=La%20serie%20estad%C3%ADstica%20Encuesta%20Nacional,en%20materia%20de%20seguridad%2C%20recabando
INEGI. (2023). Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/#:~:text=La%20serie%20estad%C3%ADstica%20Encuesta%20Nacional,en%20materia%20de%20seguridad%2C%20recabando
INEGI. (2023). Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/#:~:text=La%20serie%20estad%C3%ADstica%20Encuesta%20Nacional,en%20materia%20de%20seguridad%2C%20recabando
Nájera, G. M. (2021). Seguridad y democracia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.