México ha tenido avances considerables en el fortalecimiento de su sistema democrático. Sin embargo, muchos de los factores que históricamente han afectado su consolidación continúan presentes en nuestra sociedad y algunos de ellos se encuentran en constante agravamiento, tal es el caso de la inseguridad, la desigualdad y la pobreza en sus múltiples dimensiones.
En el contexto actual, el ejercicio pleno de derechos se torna cada vez más complicado para la población en general, pero en especial, para la población vulnerable, ya que debido a la transición institucional emprendida por el gobierno federal, el proceso adaptativo asociado a las nuevas políticas públicas sociales, así como a las dificultades que enfrentan los potenciales beneficiarios para acceder a los nuevos esquemas de apoyo y colaboración, no se han alcanzado los objetivos planteados en este sexenio, pues los indicadores de combate a la pobreza muestran incluso un retroceso en materia de bienestar.
Tal y como lo afirman Ernesto Cohen y Ronaldo Franco, en los procedimientos ordinarios de toma de decisiones en política social existe, en muchas ocasiones, un predominio de la intuición. Más que un conocimiento sustantivo, basado en análisis e investigaciones que definan y encuadren los problemas que se enfrentan y sus posibles soluciones, quienes implementan ciertas acciones sociales suelen basarse más en lo que sienten que puede ser exitoso. (CEPAL, 1986)
Bajo esta tesitura, es importante destacar la relevancia que tienen las instituciones dedicadas a la generación de información, la evaluación y el seguimiento estadístico para representar nuestra realidad social, cultural, económica. Entre estas, destaca por su labor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).
El CONEVAL, como organismo con autonomía y capacidad técnica dedicado a generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones, recientemente presentó su informe sobre la Evaluación de la Política Social del año 2022, con el objetivo de proporcionar un diagnóstico de los contextos social y económico del país, donde se aborda la evolución de la pobreza multidimensional en México entre 2018 y 2020 y del comportamiento de la pobreza laboral hasta 2022. Además, se documentan cambios en la Política de Desarrollo Social, así como los retos en cuanto a la incidencia distributiva y la atención integral de los programas y acciones de desarrollo social para la atención integral de los derechos sociales de la población. (CONEVAL, 2023)
Respecto al contexto social y económico de México, destaca el hecho de que a pesar de afectaciones externas como la contingencia del COVID 19, los diferentes conflictos armados que tienen lugar en el mundo y las afectaciones comerciales asociadas a la reactivación de la producción global, la economía mexicana se encuentra en franca recuperación. No obstante, persiste el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios, lo que se traduce en la pérdida en el poder adquisitivo del ingreso de la población, afectando directamente el ejercicio de sus derechos sociales y los indicadores de pobreza en México. (CONEVAL, 2023)
De acuerdo a los resultados del informe, en 2020, el 70% de las personas indígenas se encontraban en situación de pobreza siendo la falta de acceso a la seguridad social y a la vivienda sus principales carencias. Respecto a la población con discapacidad, cerca del 50% se encontraba en situación de pobreza con importantes rezagos en educación y acceso a la seguridad social. Con relación población juvenil se identificó que poco más del 46% de los jóvenes entre 12 y 29 años se encontraban en situación de pobreza, con un notable aumento en la falta de acceso a servicios de salud, la cual aumento más de 12 puntos porcentuales del 2018 a 2020 para establecerse en 32.1%. Ahora bien, en lo concerniente a las personas adultas mayores, destaca una reducción de más del 5 % relacionado con el universo en situación de pobreza, posicionándose en 38% en el periodo 2018-2020.
Ahora bien, con relación al análisis particular de la Política de Desarrollo Social implementada por la presente administración federal, se identificó un cambio en las poblaciones objetivos de los principales programas de atención, así como un tránsito hacia las transferencias económicas directas como medida principal de apoyo.
Dentro del análisis, se menciona que estas transferencias monetarias directas han aumentado los ingresos de quienes la reciben, pero está por confirmarse si esta política social que gana popularidad, abona a la realización de los derechos sociales, pues existen condiciones estructurales que dificultan el desarrollo, más allá del acceso a recursos económicos.
El estudio denominado “Transferencias directas y su contribución a la reducción de la desigualdad en México” publicado en la revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración en 2017, postula que, si bien el gasto social directo se ha convertido en la principal herramienta en México para reducir la desigualdad, el resultado no ha sido completamente satisfactorio debido a que “el gasto público en desarrollo humano en
México tiene un sesgo pro-rico y el componente con el mayor sesgo en esta dirección son las transferencias al ingreso, un ejemplo de ello son los subsidios a la energía. (RICEA, 2017)
Ahora bien, continuando con el análisis del informe realizado por CONEVAL, se identifican algunas de las fortalezas de la Política de Desarrollo Social y se detectan áreas de oportunidad para optimizar las intervenciones en la materia, pero, sobre todo, se pretende ayudar a los tomadores de decisiones para reorientar las acciones necesarias para beneficio de toda la población. En ese sentido, por su relevancia para la consolidación de la democracia y el fomento de la participación política, destacamos las siguientes:
Con relación al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, se recomienda implementar programas que garanticen el acceso a una alimentación saludable y asequible, toda vez que fenómenos como la creciente inflación, complican la adquisición de insumos alimentarios fundamentales para la población. Asimismo, los problemas de obesidad y sobrepeso siguen siendo una prioridad para su atención por los riesgos a la salud que representan y las afectaciones para el pleno desarrollo de las personas.
Con relación al derecho a la educación, se identifica que, si bien la pandemia por COVID 19 así como la incorporación al mercado laboral. constituyeron en el periodo de estudio las principales razones de la desafiliación educativa, otra que destaca es la imposibilidad de acceder a la modalidad remota, la cual se ha consolidado como una opción ante las recientes transformaciones sociales post pandemia. En ese sentido, se resalta la necesidad de evaluar los resultados de esta nueva modalidad de educación a distancia, así como la inaplazable obligación de dotar a los centros educativos de infraestructura y servicios de calidad que permitan mejorar la experiencia educativa de la población.
Respecto al derecho a la salud, se evidencia una serie de carencias tanto en los servicios de salud como en la infraestructura y se advierte la necesidad de homologar la información de los pacientes de manera electrónica para facilitar el seguimiento, así como reforzar los esquemas de atención primaria y preventiva y ampliar la cobertura de los servicios que atienden la salud mental principalmente en niñas, niños y adolescentes.
Respecto al derecho a la seguridad social, se recomienda concentrar esfuerzos para garantizar un acceso universal a un sistema único que debe regir la política nacional de protección social. Para ello, se sugiere crear una instancia con características especiales desde su diseño, implementación, financiamiento, operación y evaluación que pueda coordinar todas las instancias gubernamentales y sociales vinculadas a la materia.
Asimismo, se debe considerar un enfoque de atención diferenciado que propicie la inclusión de aquellas poblaciones históricamente apartadas de estos derechos asociados a la salud.
Respecto al derecho al trabajo, se reconoce como prioridad la atención de la economía y la necesidad de diseñar una estrategia para su formalización que considere las particularidades de cada población en su incorporación. Asimismo, se advierte la presencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres y la falta de reconocimiento del trabajo no remunerado, específicamente lo relacionado con los cuidados y otras actividades domésticas.
Respecto al derecho a la vivienda digna, el informe es claro al señalar que un gran número de personas aún carecen de la infraestructura mínima en sus hogares, así como servicios básicos, sobre todo en la zona rural del país, por lo que es necesario garantizar el acceso a este satisfactor elemental ya que de su realización depende en gran medida el acceso a otros derechos como el de la salud, como quedo demostrado en la pasada contingencia por COVID 19. Asimismo, plantea la necesidad de continuar trabajando en una política que dé certeza jurídica al patrimonio de las personas, en especial cuando las viviendas son propiedad de mujeres.
Respecto al derecho a la no discriminación, se perfilan recomendaciones en el sentido de que es menester continuar con los esfuerzos de lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica, pues del análisis de investigaciones en esta materia, se observa que estas conductas nocivas se siguen presentando con una frecuencia preocupante. Asimismo, se aborda la necesidad de replantear la etapa de la vejez, como la continuación de la vida productiva y socialmente útil, pues la exclusión que viven las personas adultas mayores es preocupante pero reversible.
Tal y como lo establece Emilio Álvarez Icaza en su análisis sobre la democracia en México, todos los citados factores repercuten “en la ‘calidad y la baja intensidad’ de nuestra democracia, al abonar a la fragilidad de las instituciones y autoridades, así como profundizar la miseria que aqueja a millones de personas aunado al también fuerte distanciamiento crítico de los ciudadanos respecto a los partidos y a los políticos. (Álvarez Icaza, 2022)
En ese mismo orden de ideas, podemos establecer que a partir de la interrelación que existe entre los derechos sociales y los político- electorales, el fortalecimiento de nuestro sistema democrático pasa necesariamente por la mejora en las condiciones de vida de la población en general.
Las acciones afirmativas implementadas recientemente en los procesos electorales, que han derivado en una participación política inclusiva, si no se acompañan de una política de desarrollo que facilite el ejercicio de derechos sociales, no tendrán el impacto deseado pues participar en los asuntos comunitarios y políticos de nuestra sociedad si no se tienen cubiertas las necesidades básicas y fundamentales, seguirá siendo un tema secundario.
Hoy, teniendo al alcance todo lo necesario para tomar las mejores decisiones en beneficio de la población mexicana, resulta inaceptable que no se corrijan los errores del presente y se repitan los errores del pasado. México necesita más que nunca consolidar su sistema político y democrático con miras a enfrentar el reacomodo económico, social y político que acontece en el mundo, pues de no estar preparados, las oportunidades de crecimiento y desarrollo que presenta la cooperación internacional no serán aprovechadas al máximo.
México, por su historia, su población y sus recursos, está llamado a ser un actor estratégico en los tiempos que corren, sin embargo, para lograrlo, se tienen que reforzar procesos sociales, económicos y políticos que brinden certeza tanto a al interior como al exterior de la República.
Bibliografía
CEPAL. (1986). Evaluación de Políticas Sociales . https://hdl.handle.net/11362/8887. CONEVAL. (2023). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022.
Álvarez Icaza, E. (2022). La democracia en México: ciudadana y derechos humanos. CIDH.
Obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30509.pdf
Álvarez, E. (2022). La democracia en México: ciudadana y derechos humanos. CIDH.
Obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30509.pdf
RICEA. (2017). Transferencias directas y su contribución a la reducción de la desigualdad en México.