Ante los terribles casos de negligencia, abuso y homicidios que se presentan en diversos centros de rehabilitación de adicciones en el estado de Guanajuato, el diputado del Partido Verde, Luis Gerardo Suárez Rodríguez presentó una propuesta para que estos sean supervisados por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.
El legislador, refirió varios casos en los que es evidente la supervisión dentro de los centros que han vivido graves negligencias. Uno de los casos mencionados, fue el que se presenció en la ciudad de León, a principios del año 2019, donde una joven de apenas 17 años que se encontraba “internada” en un centro de rehabilitación de la ciudad, murió y según datos de la Fiscalía General del Estado el deceso fue a causa de golpes en la que probablemente intervinieron más personas.
Otro suceso se vivió en el centro Juventud Vida y Esperanza, en el que un joven de 16 años falleció a causa de una herida por arma blanca en el mes de marzo del año 2019. Por otra parte, el caso de una mujer de 26 años quien aparentemente intentaba huir del centro de rehabilitación “La Lupita”, cayó sobre el asfalto y finalmente falleció.
Otros casos alarmantes, fueron los que se presenciaron en el municipio de Irapuato, los cuales estremecieron a toda la nación, puesto que un ataque armado dentro de la casa de rehabilitación, cobró la vida de 26 personas y dejó a 6 más heridas, sin mencionar que en el mismo centro de rehabilitación, murieron 10 personas.
“Pareciera que muchos de estos establecimientos solo son negocio, pues no cuentan con los servicios integrales que se requiere para cumplir el objetivo para el que fueron creados. A esto se suma que hoy en día no existe un informe total de personas que ingresan a estos establecimientos por parte de la autoridad sanitaria. Por lo que se desconoce la cantidad de personas que se rehabilitaron y continuaron con su tratamiento o las que claudicaron; registrar esta información es clave para realizar un análisis completo de la situación y poder hacerle frente de la manera más adecuada”.
“Existen muchas excusas y declaraciones por parte del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, tratando de justificar su inaptitud ante la inseguridad que vivimos”, expresó.
De acuerdo al diputado, el registro con el que cuenta la Dirección General de Protección contra riesgos sanitarios, a principios del año 2020, en la entidad de Guanajuato, existen 243 centros de rehabilitación mejor conocidos como anexos, de los cuales casi el 80% se encontraba con un procedimiento abierto respecto al cumplimento en lo dispuesto en la NOM-028-SSA-2009, y el resto eran nuevos o ya cumplían con lo establecido en la normativa.
Dicha norma oficial, establece los lineamientos para el tratamiento de las adicciones en su modelo residencial, sin embargo, los establecimientos registrados en el Estado, no cumplen en su totalidad con dichos requisitos, mostrando condiciones insalubres e incluso existen testimonios de personas en rehabilitación que mencionan ofensas, maltrato psicológico y físico, sin contemplar aquellos que operan de forma clandestina.
La propuesta del diputado, considera que la Secretaría de Salud solicite a estos establecimientos la información de las personas que se encuentran tratando sus adicciones, mencionando las altas y bajas, así como cuántos de estos realmente superaron su adicción, lo cual servirá para medir e implementar políticas públicas para la prevención, atención y tratamiento de las adicciones en el Estado.
Dicha información también servirá como cotejo con la Fiscalía General del Estado, con el fin de saber si dentro de estos establecimientos hay personas que cuenten con un proceso abierto por la comisión de un delito.
Existe un antecedente en el estado de Jalisco, donde mediante un operativo por parte de la Fiscalía de dicho estado, fueron rescatadas 650 personas que sufrían maltratos y abusos por parte de encargados de los llamados “ANEXOS”.
Según datos de la encuesta nacional del consumo de drogas en estudiantes (ENCODE 2014), Guanajuato se encontraba por debajo de la media nacional, sin embargo, han pasado 7 años y el consumo de drogas en estudiantes y jóvenes ha incrementado considerablemente. “Existen miles de familias que acuden a estos centros de rehabilitación, buscando ayuda para la atención de las adicciones, sin embargo, aún hay personas que ven a estos lugares como un escondite para evadir la justicia por posibles delitos cometidos”, manifestó.