Con la creación de la Ley de Responsabilidad Ambiental que propone el diputado del Partido Verde, Luis Gerardo ‘Gover’ Suárez, los ciudadanos tendrán acceso a los tribunales para exigir la reparación del daño ocasionado al medio ambiente, garantizando la efectiva reparación y la atención a las víctimas del daño ambiental.
Al mismo tiempo esta propuesta busca sancionar económicamente una conducta ilícita dolosa, con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro la reincidencia del daño ambiental.
También busca prevenir el daño ambiental en el ámbito empresarial, que entre otros requerimientos considera que los empresarios deben contar con un seguro de responsabilidad por daño al ambiente; y cumplir con el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de prácticas de operación e ingeniería aplicables, obteniendo el certificado respectivo.
El diputado Luis Gerardo ‘Gover’ Suárez refirió que varios estados del país se han dado a la tarea de crear leyes que permitan regular la responsabilidad ambiental. Tal es el caso de Michoacán que fue el primer estado en regular esta materia, el 10 de enero de 2014. Después siguieron otros estados como Jalisco, Sonora, Baja California y Aguascalientes.
“Existen daños provocados que pueden ser irreparables, lo que hace necesario prever figuras de compensación ambiental ajenas al factor económico. De igual manera, estos daños ambientales pueden ocasionar efectos adversos mayores sobre la salud de las personas, lo que justifica un sistema de responsabilidad ambiental que reconozca esta vinculación causal”, destacó.
Con esta ley se crearía el Fondo Estatal de Responsabilidad Ambiental, el cual tendrá como objeto el pago de la reparación de algunos daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública estatal o en su caso, que el juez determine, además del pago de los estudios e investigaciones este requiera realizar a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato o la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.
La propuesta del Diputado considera la tipificación por responsabilidad penal de dueños o administradores de empresas en delitos contra el medio ambiente, con el objeto de establecer específicamente la responsabilidad ambiental por parte de las empresas, así como las sanciones por incurrir en la comisión de delitos que dañen el medio ambiente.
Con la creación de esta ley, también se contempla que el Ministerio Público del Estado esté obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente.
Además, que el Gobierno de Guanajuato a través de la Procuraduría y en su caso, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en el ámbito de sus atribuciones, deberán desarrollar políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente, investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos que los ocasionan, así como para la reinserción social de individuos penalmente responsables en materia ambiental, fomentando el respeto de las leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte.