Según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) en el año 2018, el 41.9% de la población en México vivía en situación de pobreza, lo que se traduce en 52.4 millones de personas. Para el año 2020, las estadísticas parecen no mostrar cambios favorables, pues además de que las estrategias de intervención para reducción de la desigualdad han sido insuficientes, la situación de la pandemia mundial generada por el coronavirus (COVID-19) vino a afectar a toda la economía mundial y a complicar la posibilidad para muchas familias, en especial aquellas en situación vulnerable, de asegurar un ingreso mínimo para hacer frente a sus necesidades básicas.
Esta situación inédita en la historia moderna, sorprendió a los gobiernos del mundo y el gobierno de México no fue la excepción. Se hizo evidente que los años de trabajo coordinado para combatir la pobreza y la desigualdad, en el país y entre los Estados de la región, no pudieron blindar a las personas de sufrir las consecuencias sociales, economicas y políticas de la crisis global agudizada por la pandemia. Esto pese a los esfuerzos de organizaciones como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos) y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) entre otras.
Es así que, la contingencia del COVID-19 puso al descubierto diversas vulnerabilidades sociales, muchas de ellas relacionadas con las dificultades en el acceso a los Derechos Economícos, Sociales, Culturales y Ambientales, que develaron, a su vez, una realidad innegable: los modelos económicos de América Latina y en especial el mexicano, no han logrado democratizar las oportunidades para todas las personas y ante la necesidad de decretar una cuarentena obligatoria, la supervivencia de millones de personas se vió comprometida al no tener la posibilidad de allegarse de lo mínimo indispenable para asegurar su bienestar.
En el caso particular de México, se evidenció además, que las desigualdades sociales descritas en los libros de historia no son cosas del pasado. La distribución de la riqueza sigue siendo inequitativa y la falta de oportunidades predomina en la mayoria de la población.
Existe una serie de carencias en el sistema educativo que imposibilita sensibilizar a los alumnos desde tempranas edades sobre la importancia de la corresponsabilidad para dar solución a los diferentes problemas que los aquejan, en especial, la abierta desigualdad. Para lograrlo, se vuelve imprescindible el fortalecimiento de los valores democráticos como el compromiso, la participación, la solidaridad, y la responsabilidad social, con la firme visión de consolidar una educación vanguardista que apueste a nuevas generaciones con perspectivas académica y filosóficamente sustentadas en una priorización axiológica que favorezca la paz y la sana convivencia.
Y es que la desigualdad no solo se mide por el ingreso económico de familias que viven realidades diametralmente opuestas, sino por la calidad de vida y por el acceso a los servicios básicos que dignifican a un ser humano acorde a los estándares del siglo XXl.
Además, la perspectiva del Estado para atender la pobreza ha sido limitada y lejos de erradicarla, ha sido usada para manipular la voluntad popular en función de interes políticos. La demagogia al parecer funciona como pilar de las políticas públicas y la carencia de una intervención que incida en el abatamiento de los índices de pobreza, en sus diferentes dimensiones, no existe. Las intervenciones públicas no se encuentran sustentadas filosófica, ni jurídicamente con perspectiva de derechos humanos. Ha faltado determinación para incluso legislar nuevas obligaciones del estado y recursos efectivos para exigirlas.
Sin duda alguna, los procesos y los períodos electorales han hecho evidente lo mucho que resta aún por transformar los factores de decisión política de la población pues aquellos que se encuentran en situación de pobreza, son propens a otorgar el voto a quienes consideren que les “garantizarán” programas sociales y de apoyo.
Pero apelando a la ética política y ciudadana, si esa mentalidad se ha consolidado en nuestra sociedad es porque, a manera de “círculo vicioso”, se ha mirado y atendido a la pobreza con falta de visión, y sin el entendimiento que académica, filosófica, y jurídicamente, ya se refirió anteriormente que es imprescindible, pues verle desde la perspectiva de derechos humanos es urgente.
Sin duda alguna, resulta prioritario que los esfuerzos políticos de todas las bancadas coincidan en atender integralmente a la desigualdad social y a la pobreza enfatizando en lograr:
- Educación formal para las nuevas generaciones para entender y concebir a la pobreza desde perspectivas académicas con fundamentos filosóficos y apegadas a los derechos humanos. Esta será la base para que la población no sea usada ni violentada, y a su vez, para que quienes estén en circunstancias más favorecedoras, puedan tener una visión de corresponsabilidad y formación intelectual e ideológica de respeto y de empuje social.
- Tipificación constitucional de maltrato a la pobreza.
- Reforma electoral que impida la capitalización política de las necesidades sociales.
Hoy en día, como ejemplo, los Partidos Políticos en México están obligados a invertir de su presupuesto en formación política, con el objetivo de erradicar la violencia de género de la que por siglos fueron víctimas las mujeres, dirigiendo por supuesto la capacitación a ellas con el firme compromiso de que sean protagonistas del rompimiento de paradigmas que les marginó en la toma de decisiones.
Así mismo, es necesario que mujeres y hombres interesados en ejercer su derecho y obligación de hacer participación ciudadana, y de tener activa participación política, tengan desde sus inicios la sensibilización necesaria a través de la capacitación, para entender y dimensionar a la pobreza y a la desigualdad social desde la perspectiva referida con anterioridad.
La clase política ha sido claramente lacerada, por la falta de confianza principalmente generada en las y en los trabajadores que se sienten defraudados con promesas de campaña, que no se cumplen cuando se obtienen los cargos de gobierno.
La pobreza no requiere de una desmedida atención a la misma a través de programas sociales, sino desde la dignificación del salario y de la creación de empleos, así como del hecho de garantizar una cobertura educativa universal, laica y gratuita como lo dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero.
Pareciera que pasan las décadas, y el discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara en el año de 1972, no pierde atemporalidad.
“Hay jóvenes viejos que no comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro Continente. Esos jóvenes viejos creen que la Universidad se ha levantado como una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango social. Un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos.
Y estos jóvenes viejos, si son arquitectos, por ejemplo, no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y, a veces, ni en su propio país. Hay estudiantes que con un criterio estrictamente liberal, hacen de su profesión el medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función de sus propios intereses.
Allá hay muchos médicos -y yo soy médico- que no comprenden o no quieren comprender que la salud se compra, y que hay miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud; que no quieren entender, por ejemplo, que a mayor pobreza mayor enfermedad, y a mayor enfermedad mayor pobreza y que, por lo tanto, si bien cumplen atendiendo al enfermo que demanda sus conocimientos sobre la base de los honorarios, no piensan en que hay miles de gentes que no pueden ir a sus consultorios, y son pocos los que luchan porque se estructuren los organismos estatales para llevar la salud ampliamente al pueblo.
De igual manera que hay maestros que no se inquietan en que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Y el panorama de América Latina es un panorama dramático en las cifras de su realidad dolorosa.
En América Latina, continente de más de 220 millones de habitantes, hay cien millones de analfabetos y semianalfabetos.
En este Continente hay más de 30 millones de cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales”.
¿Cuánto tiempo más habrá de pasar?
Secretario Estatal de Asuntos de la Juventud