La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refiere que tanto la participación en la política como en los asuntos públicos resulta fundamental en la promoción y consolidación de la gobernanza democrática, así como también en el fomento de todos los derechos humanos (ACNUDH, 2022). En ese sentido, resulta necesario continuar con los esfuerzos de análisis y reflexión de temas específicos, como lo es la situación de la población juvenil en México, para abonar a un mejor entendimiento de nuestra realidad social y política y seguir contribuyendo con la consolidación de nuestro sistema democrático.
Al respecto, es importante destacar que a nivel nacional la población juvenil representa el 30.7% de la población total del país, es decir, tres de cada diez personas en México son adolescentes y jóvenes, por lo que su atención y cuidado, se vuelve indispensable para reducir las brechas de las desigualdades sociales ya que, como veremos más adelante, la realidad de los jóvenes en México, es muy diversa y compleja, lo que plantea grandes retos para la realización de sus derechos humanos.
En su informe sobre la situación de las personas adolescentes y jóvenes de México, diversas instituciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Consejo Nacional de Población, sumaron esfuerzos para acercar herramientas a los tomadores de decisiones tanto del gobierno, como a la sociedad civil en su conjunto. Lo anterior, con el propósito de apoyar sus intervenciones con un diagnóstico integral que pueda potenciar la incidencia en la gestión pública que atiende este sector de la población y reforzar los diferentes procesos de atención y seguimiento a dicho grupo poblacional. Cabe señalar que este trabajo se encuentra alineado con los objetivos planteados en la Estrategia de Naciones Unidas para la Juventud: Juventud 2030 (IMJUVE, 2021)
El objetivo 1 de la Estrategia Juventud 2030, plantea poner fin a la pobreza en el mundo. En México, de acuerdo al citado informe, se estimó que para 2020 el 46.1% de las personas jóvenes vivían en situación de pobreza. Destacan por debajo de la media nacional, entidades como Baja California con un 22.6%, Chihuahua con 25.9% y Nuevo León con 26%. En contraste, muy por debajo de la media nacional sobresalen estados como Puebla, Guerrero y Chiapas, los tres con más del 64%. De este análisis se desprende la necesidad de abordar esta problemática con un enfoque diferenciado pues los contrastes entre los estados son evidentes, lo que complica la implementación de una política uniforme de atención.
En el objetivo 2 de la Estrategia Juventud 2030 se aborda el derecho a la alimentación, que se traduce como la posibilidad de tener un acceso permanente a los recursos que permiten producir, obtener o comprar suficientes alimentos no sólo para prevenir el hambre, sino también para asegurar la salud y el bienestar (FAO, 2007). Al respecto, encontramos que en México poco más del 23% de las personas adolescentes y jóvenes presenta carencia por acceso a la alimentación. Las entidades con mayor rezago en este rubro son Tlaxcala, Guerrero y Tabasco (IMJUVE, 2021).
En el objetivo 3 de la Estrategia Juventud 2030, se describe la situación sobre el acceso a la salud de la población de jóvenes y adolescentes en el país. Al respecto, el informe en cita señala que poco más del 32% de esta población no tiene la posibilidad de recibir servicios de salud, siendo los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán los más rezagados con un porcentaje que supera el 39% y, en contraste, los estados de Chihuahua, Baja California Sur, Colima y Querétaro, sobresalen con porcentajes por debajo del 23%. Cabe destacar que la media nacional se ubica en el 32.1%.
En este rubro, se encuentran comprendidos los métodos anticonceptivos y la orientación sexual, por lo que el rezago evidenciado en el estudio, permite visualizar un posible nexo causal entre los problemas como la mala planificación familiar, el embarazo adolescente y los contagios de enfermedades de transmisión sexual, entre otros con la falta de infraestructura y servicios médicos que garanticen las oportunidades de desarrollo de la población juvenil y favorezcan el disfrute de sus derechos sociales.
El objetivo 4 de la Estrategia Juventud 2030, trata sobre el papel fundamental que desempeña la educación de calidad, no solo como derecho humano, sino también, como la puerta para ejercer muchos otros derechos vinculados con lo social, económico y político. Al respecto, el informe en comento, destaca que el 20% de las personas de 12 a 29 años en el país tiene esta carencia. Destaca en sentido negativo, estados como Guanajuato, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, los cuales presentan rezagos por encima del 26% (IMJUVE, 2021).
Tal como lo define la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible (UNESCO, 2022) En ese sentido, el reto que enfrentamos como país es mayúsculo, pues como ha quedado asentado, existen zonas geográficas con altos índices de rezago educativo en contraste con otras para las cuales no es un problema de gran magnitud, por lo que su priorización en la agenda nacional puede complicarse y pasar a un tema de segundo orden.
El objetivo 5 de la Estrategia Juventud 2030, versa sobre un tema de especial relevancia a nivel social, político y económico: la igualdad de género. En este rubro, se abordan dos temas principales, el acceso a una vida libre de violencia y la repartición de las tareas al interior de los hogares. En ese sentido, el informe arroja que, a nivel nacional, el 37.5% de las mujeres jóvenes (15 a 29 años) han sufrido al menos una experiencia de violencia perpetrada por su pareja, siendo la más frecuente de ellas la emocional con el 34.8%, seguida de la económica o patrimonial con 13.1%, la física con 12.13% y la sexual con 3.9% (IMJUVE, 2021).
Ahora bien, el estudio es muy puntual al precisar que no solamente las mujeres están expuestas a estos tipos de violencia, sino que se encuentran en riesgo constante de sufrirla en mucho otros ámbitos, como el escolar, el laboral, el comunitario y al interior de las familias. Sobre esto, el informe muestra la prevalencia total de violencias contra las mujeres de 15 a 29 años en los últimos doce meses en los referidos ámbitos, destacando la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes y Jalisco, como las entidades con mayor número de casos reportados. Cabe destacar que, a nivel nacional, Chiapas reporta el menor número de incidencia, por lo que sería interesante analizar si existe relación entre el nivel de rezago educativo y el número de denuncias o reportes de violencia de las víctimas a nivel institucional.
Respecto a la distribución de las tareas al interior de los hogares, el informe revela que, a nivel nacional, el 56.8% de las personas jóvenes de 15 a 29 años reporta realizar algún tipo de trabajo no remunerado a favor de algún integrante del hogar (IMJUVE, 2021). Dentro de este universo, las mujeres realizan trabajos no remunerados en el hogar en razón de 1.27 por cada hombre, de acuerdo a la media nacional. Esto, sin duda, muestra una brecha de género que debe atenderse pues culturalmente las tareas domésticas y de cuidado se asignan a las mujeres, lo que limita sus oportunidades de desarrollarse en otros ámbitos.
El objetivo 8 de la Estrategia Juventud 2030, trata sobre uno de los principales retos en materia de juventud: el trabajo digno y bien remunerado. Al respecto, el multicitado informe, muestra que, a nivel nacional, cerca del 54% de las personas de 12 a 29 años tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar. Destacan con poco más del 70% estados como Puebla y Guerrero y con el 80.7% Chiapas. En contraste, Baja California, Colima y Nuevo León, presentan el menor porcentaje en este rubro, existiendo una gran diferencia entre los mínimos y máximos, presentándose nuevamente la complejidad de abordar esta problemática con un enfoque diferenciado que atiende particularmente la situación de cada región.
El objetivo 9 de la Estrategia Juventud 2030, presenta el porcentaje de personas jóvenes que laboran en el sector secundario de la economía, es decir, en el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo (Caballero, 2016), así como el porcentaje de personas jóvenes emprendedoras o, que bien, generan empleos.
A nivel nacional, el 27.41% de la población de jóvenes se encuentran ocupados en este sector. Destacando el estado de Guanajuato con el 45.23% y Baja California con 14.35%, ambos situados en los extremos de la medición.
El objetivo 11 de la Estrategia Juventud 2030, muestra una serie de indicadores que abordan cómo se sienten los jóvenes con relación a su comunidad y en general con su entorno. Por ejemplo, a nivel nacional el 49% de la población juvenil, refiere sentirse segura en su colonia o localidad, es decir 1 de cada 2 personas se sienten inseguras o en riesgo lo que revela una disminución de la confianza social y una mayor percepción de corrupción como lo muestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2022)
Finalmente, es importante señalar que el seguir profundizando en el análisis de nuestra realidad social, política y económica es un deber ineludible del Estado y de la sociedad en general. Como ha quedado representado en los diferentes rubros abordados, existen grandes contrastes en diversos indicadores que dificultan homogeneizar estrategias de intervención a nivel nacional por lo que el trabajo sectorizado se vuelve indispensable para la obtención de resultados positivos.
Respecto a la situación de la población juvenil en general, podemos establecer que existen barreras muy importantes que impiden el ejercicio pleno de sus derechos, sobre todo los DESCA, ya que no solamente se trata de “apoyar a los jóvenes” sino de entender cuáles son sus necesidades, su contexto, sus oportunidades reales de ser autosuficientes, de tener movilidad social, de acceder a una vida digna y, sobre todo, de poder desarrollar todo su potencial.
Por su parte, nuestro sistema democrático, para su perfeccionamiento, depende en gran medida de la participación activa de los jóvenes, dada su representatividad en el total de la población y la capacidad de ejercer sus derechos político-electorales. Si no se aseguran las necesidades básicas de la juventud que permitan su desarrollo, la participación en la vida política de México, seguirá siendo una tarea pendiente. Muestra de ello, los altos niveles de abstencionismo en cada proceso electoral.
En suma, la población joven de México, enfrenta un panorama complejo en el presente y en el futuro. Cambiar ese destino, es y seguirá siendo una tarea de todas y todos.
Trabajos citados
Caballero, F. J. (2016). economipedia . Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/sector-secundario.html
ACNUDH. (2022). El ACNUDH y la participación equitativa en la política y los asuntos públicos. Obtenido de https://www.ohchr.org/es/equal-participation
FAO. (2007). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación .
IMJUVE. (2021). Situación de las personas adolescentes y jóvenes de México. IMJUVE, UNFPA, CONAPO.
INEGI. (2022). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública .
UNESCO. (2022). (l. C. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Productor) Obtenido de https://www.unesco.org/es/education/right-education