No. Publicación: 17
Clasificación: 3.ª trimestral 2019
El desafío de la participación ciudadana,
en el marco de un Estado democrático de derecho,
equivale -en esencia- al compromiso social y político de
fortalecer una ciudadanía activa y responsable.
Sol Arriaza
Las democracias representativas no pueden funcionar adecuadamente sin partidos políticos. Los partidos políticos proporcionan el medio por el cual las y los electores se expresan al acomodar a los grupos de intereses y ofrecer a los votantes diferentes opciones. También constituyen instituciones clave para la participación y la representación que responden a las necesidades de las personas (IDEA, s/f).
Sin embargo, a pesar de su importancia en el fortalecimiento de la vida democrática de cualquier Estado, los partidos políticos en México enfrentan desde hace años una crisis de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía, lo que se suma a la percepción sobre su incapacidad para incorporar nuevas demandas y analizar conflictos emergentes (Alonso Félix, 2006).
Son pocas las mediciones al respecto, pero los datos existentes no dejan lugar a dudas. En el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, se identificó que la confianza en los partidos políticos no alcanza ni siquiera el 20% (Somuano, 2015). Por su lado, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI, identificó que sólo el 17.8% de la población mayor de 18 años identifica a los partidos políticos como instituciones que inspiran confianza (INEGI, 2018), lo que posiciona a dichos institutos en el último lugar de una lista de 22 instituciones y actores sociales relevantes en la vida democrática del país (ver Figura 1). En adición, en la última Consulta Infantil y Juvenil realizada por el Instituto Nacional Electoral, se identificó que de los poco más de 1.7 millones de adolescentes entre 14 y 17 años que participaron, sólo el 1.6% confían en los partidos políticos (INE, 2019).
Figura 1. Nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores.
Distintos factores pueden explicar las razones de la desconfianza en los partidos políticos, por ejemplo, el escaso conocimiento sobre la forma en la que funcionan las distintas estructuras el gobierno y participación (Borjas Benavente y Bucio Escobedo, 2006), la falta de transparencia por parte de los partidos (Tapia Álvarez, 2006) y la percepción de que los partidos son “maquinarias para tomar el poder” (PNUD, 2018; p.54), lo cual, desde la perspectiva de la sociedad civil, se asocia con la repartición de prebendas o del botín del aparato estatal, más que como medio para desarrollar un proyecto de nación.
Esta situación de desconfianza generalizada en los partidos políticos representa por sí misma un reto y un importante impedimento para llevar a cabo una de las principales funciones que tienen los partidos políticos en México: promover la participación de las y los ciudadanos en la vida democrática del país.
Esta función se encuentra enunciada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en dos leyes generales en materia electoral (ver Tabla 1). Sin embargo, si bien existe un marco legal que indica que los partidos políticos tienen como función promover la participación, esta puede quedar significativamente limitada en sus alcances y comprensión: por un lado, las disposiciones explícitas en el marco legal hacen referencia a la participación política-electoral, es decir, a la participación traducida en sufragio y/o en poder acceder a puestos de elección; lo cual, a su vez, deja de lado muchas otras formas de participación ciudadana que podrían impulsarse y levarse a cabo desde los partidos políticos.
Tabla 1. Disposiciones en materia de participación de los partidos políticos en el marco legal nacional
La noción de que la participación ciudadana se limita a poder votar y ser votado ha ido quedando superada y desde hace varios años se ha intentado ampliar el entendimiento de lo que es la participación ciudadana y cuáles deberían de ser las responsabilidades de las instituciones, incluidos los partidos políticos, para garantizar que dicha participación ocurra y tenga un impacto significativo en la democracia.
En otras palabras, ya no es suficiente que quienes integran el gobierno sean electos de forma democrática, sino que una vez accediendo a los cargos públicos, se considera que su mandato sea ejercido bajo el principio de estado de derecho, respetando y garantizando los derechos humanos, con transparencia y rendición de cuentas, y bajo un esquema que involucre a los actores no estatales en la definición de los problemas públicos y sus soluciones. Esta noción de la democracia obliga a mirar el mandato entregado por los ciudadanos a sus representantes por medio de las elecciones no como un “cheque en blanco”, sino como un continuo de participación articulado con el sistema representativo para dotar de contenido y legitimidad las decisiones públicas. Por lo tanto, en esta perspectiva se asume la participación de los ciudadanos más allá del ámbito electoral (PNUD, 2018).
De esta forma, el término de participación ciudadana ha ido desarrollándose para incorporar como parte de su definición la incidencia por parte de la sociedad en los procesos de toma de decisiones del ámbito público (ver Tabla 2).
Tabla 2. Definiciones de participación ciudadana más allá de lo electoral.
En un sentido más amplio, la participación ciudadana tiene tres rasgos definitorios (Somuano, 2005): En primer lugar: puede implicar acciones convencionales a través de canales institucionales o sociales (por ejemplo: votar, participar en campañas electores, contactar a funcionarios públicos), así como acciones no convencionales (por ejemplo: manifestaciones, bloqueos de calles o edificios públicos). En segundo lugar, la participación implica acciones, es decir, comportamiento abierto y no sólo actitudes, deseos o creencias. En tercer lugar, el carácter voluntario de las acciones es un elemento importante para distinguir la participación ciudadana de otro tipo de acciones condicionadas, obligadas o manipuladas por otros actores, como es el caso del clientelismo.
Esta concepción más amplia de lo que significa la participación ciudadana ofrece un abanico más amplio de acciones que se pueden impulsar desde los partidos políticos y/o a través de las personas que los integran y que actualmente ocupan espacios de toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de acciones que se pueden llevar a cabo desde los partidos políticos para promover la participación ciudadana:
Tabla 2. Tipología de participación ciudadana por proceso y ejemplos.
Podemos ver entonces, que si bien los partidos enfrentan un reto de doble partida para promover la participación ciudadana significativa (por un lado, una desconfianza generalizada en su actuación, y por el otro, un marco normativo que regula su actuación con una concepción limitada de lo que es la participación ciudadana), es posible llevar a cabo distintas acciones y estrategias que se traduzcan en un mayor interés y participación de las personas en la esfera de lo público.
Además, la participación ciudadana representa la llave de acceso a la construcción conjunta de una gobernanza democrática, en tanto que, bien implementada, ofrece un valiosísimo espacio de inclusión de todas las personas y todas las voces de una sociedad. La institucionalización de los procesos participativos contribuye a reducir la inequidad política, económica y social, al ofrecer espacios que garantizan para quienes menos “pueden”, una mayor capacidad de exigibilidad y, a su vez, garantiza la voluntad política de incluir las demandas, en cualquier nivel de influencia (Abramovich & Pautassi, 2006).
Los partidos políticos, por naturaleza, son un espacio clave en el que, y a través del cual, las personas pueden participar en la construcción de una sociedad mejor conforme a sus propias visiones, necesidades y propuestas. Y ello puede (y debe hacerse) no solamente por medio de las candidaturas a puestos de elección, sino que debido a los recursos financieros, humanos y políticos con que cuentan los partidos, hoy más que nunca ofrecen un espacio fundamental para que más personas puedan sumarse a la construcción y defensa de un país más democrático.
Referencias
Abramovich, V. & Pautassi, L. (2006). Dilemas actuales en la resolución de la pobreza. El aporte del enfoque de derechos.
Alonso Félix, S (2006) “Participación ciudadana y democracia”, en Borjas Benavente, A. y Bucio Escobedo, M. Mecanismos para evaluar la participación ciudadana. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Borjas Benavente, A. y Bucio Escobedo, M. Mecanismos para evaluar la participación ciudadana. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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Somuano, MF (2005) Más allá del voto: modos de participación política no electoral en México. Foro Internacional, vol. XLV, núm. 1, enero-marzo, 2005, pp. 65-88, México, El Colegio de México
Sol Arriaza, R (2012) El desafío de la participación ciudadana en el Estado Democrático de Derecho. FLACSO.
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