No. Publicación: 20
Clasificación: 2ª trimestral 2020
Uno de los principales temas que hoy se debate en la agenda política de México, sin duda, es el de la seguridad. Si bien es cierto, existen muchos otros temas de gran relevancia para el crecimiento y desarrollo del país, este tema resulta particularmente estratégico pues se interrelaciona directamente con la realización de los derechos humanos.
La noción de seguridad ha variado a lo largo de historia. A principios del siglo XX, esta acepción se asociaba principalmente con el control del territorio, la estabilidad política y los acuerdos militares. De acuerdo con estos planteamientos, el Estado asumía la protección de su población reservándose el uso exclusivo de la fuerza y las medidas de recaudación, con el propósito de mantener la paz y el orden, así como asegurar su subsistencia.
Después de la primera y la Segunda Guerra Mundial, en la comunidad internacional se hizo patente la necesidad de transformar la concepción de la seguridad, replanteándola desde un enfoque que privilegiara una mayor protección a las personas y su entorno, pues las deudas sociales derivadas de los conflictos bélicos fueron por demás evidentes y abrumadoras.
Entonces…
En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los constituyentes establecieron que “la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Asimismo, este documento contempla que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”. A partir de entonces, una marcada vocación humanista habría de determinar el curso de acción para la reconstrucción social, económica y política en la época de la posguerra.
En virtud de estos nuevos paradigmas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe de 1994 incorporó una nueva concepción de la seguridad basada en un enfoque multisectorial e integral: la seguridad humana. Al respecto, la ONU estableció que “la seguridad humana no significa ya contar con salvaguardias cuidadosamente erigidas contra la amenaza de un holocausto nuclear. En cambio, significa responder a la amenaza de la pobreza mundial que atraviesa las fronteras internacionales en forma de estupefacientes, VIH/SIDA, cambio climático, migración ilegal y terrorismo”.
En este documento, se destacan dos aspectos fundamentales sobre la seguridad humana:
En primer lugar: este nuevo concepto significa seguridad contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión.
En segundo lugar: significa protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad.
La oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios enfatiza que la seguridad humana contempla la interconexión de las amenazas y de las respuestas a las mismas en dos sentidos. Primero, están interconectadas entre sí en el sentido de que una amenaza puede alimentar o provocar otra, por ejemplo, los conflictos violentos pueden derivar en privaciones y pobreza, que a su vez puede llevar al agotamiento de los recursos, enfermedades infecciosas, déficits educativos, etc. Segundo, las amenazas en un país o área determinada que pueden ampliarse a una región más grande con consecuencias negativas para la seguridad regional o internacional.
Ahora bien, en tiempos recientes, México ha enfrentado una serie de crisis asociadas a diferentes amenazas que impiden el ejercicio pleno de los derechos y libertades garantizadas tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, de los que México forma parte.
Particularmente, destacan la pandemia por COVID19, la recesión económica en los primeros semestres del sexenio, la escasez de alimentos asociada a la crisis del campo y la precariedad de las personas que habitan las zonas rurales, la degradación ambiental derivada de incendios forestales y contaminación industrial así como los efectos del cambio climático, la violencia reflejada en numerosos homicidios y otros delitos que han incrementado, las tensiones políticas provocadas por la polarización social ante los nuevos planteamientos de política pública del gobierno de la federación y finalmente, una violación sistemática a los derechos humanos, vinculada con todos los factores anteriormente citados y otros más.
Bajo este contexto, es necesario tomar conciencia de que la participación democrática del pueblo mexicano, se encuentra estrechamente vinculada con el nivel de bienestar de la población, la posibilidad de ejercer su libre albedrío en condiciones favorables para su desarrollo y la capacidad de sobreponerse ante las diferentes adversidades presentes en el entorno.
Por tanto, mientras no se resuelva cada de una de las amenazas aquí descritas, con intervenciones públicas que atiendan las causas profundas de las desigualdades sociales y las diferentes instituciones que conforman los principales cuerpos del Estado, se empeñen en aislar, desde un enfoque tradicional el tema de la seguridad, el ejercicio de los derechos civiles y políticos se verá seriamente comprometido.
El contexto social, económico y político, en la actualidad demanda una transformación acelerada de las relaciones sociales. La comunicación a distancia, obligada en parte por una amenaza a la salud tanto individual como comunitaria, así como por los peligros a la integridad física y a la vida de las personas, está transformando el espacio donde se desarrollan los debates de los asuntos públicos del país y desvinculando aún más a todos los actores que integran el tejido social.
La democracia en México hoy enfrenta uno de los más grandes retos de su historia: encontrar un nuevo camino para reconstruir un proyecto de nación que sume las diferentes expresiones sociales y políticas en la consolidación de una nación libre y soberana que pueda garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos a toda su población.