Seguridad y participación ciudadana

La consolidación de una cultura de paz es una condición indispensable para el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas y un elemento esencial para el desarrollo y progreso de las sociedades democráticas. En el caso México, el panorama desde hace varios años ha sido complicado, pues, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tan solo la tasa de homicidios en el país se mantuvo en su nivel más alto en 2020 a pesar de la pandemia, con una incidencia de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes, el mismo nivel que en 2018 y 2019 (Forbes, 2021).

Si bien es cierto, existen otro tipo de delitos y faltas cuya presencia y proliferación alimentan los índices de criminalidad, lo cierto es que el homicidio, como lo establece Piccato, ha sido un punto de referencia central en la esfera pública en el México moderno, pues ha permitido a sus víctimas indirectas invocar las posibles implicaciones políticas de la impunidad (2008) y evidenciar que desde hace décadas la inseguridad ha ido sobrepasando la capacidad de respuesta del Estado y que las políticas públicas hasta ahora aplicadas en materia de seguridad tanto a nivel federal como local han fracasado.

Esto desde luego, resulta relevante porque el contexto de inseguridad en el que se desarrollan las relaciones sociales en México, se encuentra estrechamente vinculado con la posibilidad de ejercer ciertos derechos relacionados con el fortalecimiento de la democracia y otros Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y al ser un factor de riesgo latente, la participación ciudadana se ha visto considerablemente afectada, lo que, por ende, se traduce en decisiones con escasa representación de la voluntad popular.

Al ser un tema evidentemente complicado, podemos establecer que el combate a la inseguridad y la construcción de la paz no implican únicamente la intervención del Estado, pues para el logro de resultados positivos es imprescindible la interacción de los diferentes sectores de la población bajo un esquema participativo, colaborativo y de corresponsabilidad de lo público.

En ese sentido, la apuesta por una mayor inclusión social en la toma de decisiones que se realicen en materia de seguridad, podrá, sin duda, corregir el camino para recuperar la paz y mejorar las condiciones para seguir fortaleciendo la cultura de la democracia en México.

Cabe señalar que a pesar de los múltiples esfuerzos sociales e institucionales por erradicar la inseguridad no ha sido posible consolidar una cultura de paz en México. Por ello, con el propósito de contribuir modestamente en la reconstrucción de una agenda de seguridad desde una perspectiva integradora, que tenga como eje central la participación de la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que atiendan los problemas del entorno, se presentan las siguientes reflexiones que pueden abonar a transformar los paradigmas sobre los cuales se trabaja a lo largo y ancho del país, estando seguros que todas y todos perseguimos un objetivo común: poder ejercer nuestra libertad con seguridad y dignidad.

Por lo anteriormente expuesto, destacamos los siguientes elementos para favorecer una mayor participación ciudadana en la construcción de la paz:

  1. Proximidad comunitaria: Este elemento es muy importante dada la poca o nula cercanía de los servicios policiales en los núcleos de población y los bajos niveles de participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones. Bajo este paradigma, se facilitan las estrategias de prevención en la comunidad, siempre y cuando se inviertan recursos suficientes en infraestructura y cohesión territorial, como son la edificación de espacios para convivencia social en donde confluyan tanto tareas operativas como preventivas para que los elementos de seguridad que puedan encausar procesos participativos que prioricen desde la visión local, las principales necesidades de cada comunidad en particular, pues el objetivo es poner al servicio de las personas vecinas, personal que facilite procesos de prevención, disuasión, proacción y educación dentro de las colonias elevando con ello los niveles de participación de la ciudadanía.
  • Seguimiento y evaluación de la política de seguridad pública y prevención social de la violencia y la delincuencia: Un sistema de seguridad pública eficaz debe planearse, supervisarse y evaluarse, por lo cual se vuelve imprescindible medir el impacto de las políticas públicas y no sólo contemplar un cúmulo de indicadores de gestión y procesos. Además, desde el enfoque de participación social, se puede considerar una propuesta que ha demostrado resultados positivos en esta tarea, las mesas ciudadanas de seguridad que se promueven desde hace más de 10 años por la Asociación Civil México SOS, entre otras.
  • Fortalecimiento de la prevención social de la violencia y la delincuencia: Para atender las causas profundas de la violencia y la delincuencia, se debe priorizar en el agenda pública y de gobierno este tipo de intervenciones por encima de otros programas sociales de corte asistencialista que atienden necesidades indivudales pero no tejen beneficios colectivos. En ese sentido, una atención integral se vuelve indispensable para reformular desde las políticas públicas de atención a la infancia y su integración a los procesos de analisis y deliberación, hasta el tratamiento a las víctimas y victamarios de conductas antisociales pasando por la mejora de la infraestructura, personal y financiamiento de las tareas de prevención y participación social.
  • Empoderamiento ciudadano en la agenda de seguridad pública: Para fortalecer los componentes participativos en el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública, es menester que la ciudadanía coadyuve en la supervisión y evaluación de su funcionamiento y no sólo sea parte testimonial en los espacios institucionales de planeación y decisión. En ese sentido, es importante reforzar los procesos para la integración de dichos mecanismos ciudadanos, pues una deficiente socialización de las convocatorias para su integración arroja en la mayoría de los casos poca participación de de la ciudadanía y un deficiente seguimiento de los trabajos comprometidos. Asimismo, se vuelve indispensable una actualización normativa que afiance la vinculación de las decisiones ciudadanas con las obligaciones de gobierno para su atención.
  • Medios de comunicación: La apología de la violencia se encuentra innegablemente presente en los medios de comunicación y sus contenidos. Si bien es cierto, es necesario garantizar el derecho a la libre expresión consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tambien lo es el hecho de que se deben establecer los mecanismos idóneos para hacer partícipes a los diversos medios de comunicación en este gran esfuerzo por hacer de nuestra sociedad y sus sectores, más participativos y responsables de sus acciones con miras a construir una cultura de paz y no violencia.
  • Atención de grupos sociales potencialmente en riesgo: El incremento de la presencia de grupos criminales organizados en el país, coloca en situación de vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes, en cuyo caso sus condiciones socioeconómicas los puede orillar a considerar como instrumento de movilidad social los aparentes “beneficios” de la delincuencia organizada ante las adversidades a las cuales se enfrentan en sus respectivos entornos, es por lo anterior que debemos posicionarlos permanentemente como prioridad estratégica de atención, verificando que todo el peso de la prevención y la transversalidad recaiga sobre ellos y sus circunstancias para incorporarlos a dinámicas sociales positivas que les permitan construir proyectos de vida saludables.  
  • Minorías vulnerables:  La atención integral de grupos vulnerables en nuestra sociedad (niños, mujeres, grupos étnicos, grupo LGBTI, personas discapacitadas, migrantes, personas privadas de su libertad, exconvictos, etc.), no es visible en ninguna estrategia prioritaria de la agenda de gobierno y ya que su representación minoritaria no implica su desatención, se deben buscar los equilibrios que obligatoriamente consideren su integración en la toma de decisiones y aumente su participación en los procesos de analisis y deliberación de los asuntos públicos.
  • Empresas socialmente responsables: El éxito de la política pública en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia radica en la sinergia de los distintos sectores de la sociedad, entre ellos el sector empresarial; es importante buscar el respaldo de dicho sector y su involucramiento en proyectos comunitarios específicos como parte de una responsabilidad social, es decir, contribuir al desarrollo económico al tiempo que mejoran la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias así como de la comunidad local y de la sociedad en general. Pero ¿cómo podría ser esa participación?. Mediante la provisión de apoyo financiero para las organizaciones comunitarias que desarrollen acciones de prevención; el desarrollo de trabajo comunitario en zonas con alto rezago social; implementación de programas de capacitación y reclutamiento laboral o la planificación de eventos relacionados con la prevención, entre otros.
  • Derechos humanos y prevención social de la violencia y la delincuencia: Es importante reposicionar el papel social, jurídico y político de los Organismos de procuración y defensa de los derechos humanos pues el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de seguridad y prevención social de la violencia y la delincuencia, asi como la de participación ciudadana no puede estar al margen de la influencia y colaboración del andamiaje institucional en materia de derechos humanos.
  1. Escrutinio público de la efectividad en funcionarios de alto nivel: no es posible dejar como elemento discrecional la selección y continuidad de funcionarios en materia de seguridad y prevención social de la violencia y la delincuencia, por ello, es necesario incorporar a los procesos de selección, evaluación y seguimiento un esquema participativo e incluyenteque permita incentivar, remover o ratificar de manera objetiva a los funcionarios encargados de la seguridad y prevención social en nuestras instituciones.

Finalmente, es necesario destacar el estrecho vínculo existente entre la cultura de paz, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Como ha quedado de manifiesto, construir las condiciones adecuadas para que se desarrollen procesos participativos en los diferentes espacios de la vida pública del país, es un tarea de primer orden ya que mientras existan o se perciban riesgos latentes a la libertad, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en México seguira siendo un asunto pendiente.

Bibliografía

Forbes. (2021). Obtenido de Forbes México: https://www.forbes.com.mx/tasa-de-homicidios-en-mexico-se-mantuvo-en-su-nivel-mas-alto-en-2020/

Piccato, P. (2018). Scielo.org.mx. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592008000200003

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